El día 11 de abril de 2012, el defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda, presentó ante el entonces Fiscal General Eduardo Montealegre, la denuncia penal contra Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, por la posible comisión de los delitos en los hechos narrados por los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero”, y de Juan Monsalve,quienes señalan la presunta participación del expresidente y de los otros mencionados, en la conformación del Bloque Metro de las AUC.

La Fiscalía admitió al congresista como parte civil, como persona que representa los intereses de comunidades víctimas de graves crímenes, en el proceso contra Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao.

“Con esta nueva decisión de la justicia, se abre la posibilidad de una actuación más amplia que permita esclarecerlos graves hechos que denunciamos sobre el accionar de estos señores en la hacienda Guacharacas”, afirmó Cepeda.

El representante anunció que a través de los abogados de la ONG Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se interpondrán acciones judiciales de las numerosas víctimas del paramilitarismo en San Roque, Antioquia, municipio en el que operó el Bloque Metro de las AUC y donde se cometieron tres masacres entre 1995 y 1997.

Los exparamilitares aseguraron que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Uribe Vélez, existió un grupo paramilitar para la década de los 90, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia.