"Aunque el tema de seguridad sigue siendo el principal desafío para la libertad de expresión en Colombia”, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consignó en el informe que dar a conocer hoy que “ha notado con preocupación el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura”.

Según la FLIP, “en el 2012 la inquietud ha llegado al extremo con la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá, Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento”.

“Durante el año aparecieron nuevas denuncias judiciales contra periodistas y siguieron su curso procesos liderados por funcionarios públicos o particulares que voluntariamente se involucran en asuntos de interés general. En agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció una denuncia penal contra la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, por criticar el trabajo de esta Corporación. Luego, la Corte se retractó. También continuaron los casos del empresario Carlos Mattos contra el columnista de los diarios El Tiempo y El Universal, Óscar Collazos, y el de la petrolera Alange Energy contra Héctor Rodríguez, director del portal Primerapágina.com. Esta situación no es exclusiva de los medios nacionales: periodistas de Magdalena, Tolima, Antioquia y Atlántico, para citar algunos ejemplos, también tienen procesos en curso”, precisó el editorial del informe.

“Por otro lado”, consignó la FLIP en su informe, “en septiembre  de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por las agresiones cometidas por miembros del Ejército al camarógrafo Richard Vélez, en 1996, y por la falta de justicia en el esclarecimiento de los hechos. Además, en el año se presentaron algunos incidentes con miembros de la Fuerza Pública que causan preocupación, como la muerte de Guillermo Quiroz, que involucra a un grupo de policías en el municipio de San Pedro, Sucre, o agresiones que se dieron en Bogotá, Arauca y Santander. Se destaca que el Ministerio de Defensa inició un proceso de capacitación piloto a miembros de todas las Fuerzas Militares en temas de libertad de expresión y trato a periodistas, por recomendación de la CIDH”. 

“En  2012 la FLIP registró un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato del periodista Guillermo Quiroz en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el exilio de uno. Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio, especialmente a nivel local.

Según el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, presentado por el Proyecto Antonio Nariño (PAN) a finales de 2012, al calificar qué tan bien están las garantías de estos derechos, Colombia está en un nivel intermedio: el país obtuvo un puntaje de 50 en una escala de 0 a 100, donde 100 es el mejor resultado posible. Dentro de los datos analizados, se encontró que la impunidad es el factor más preocupante con un puntaje de 12. Además se destaca que la autocensura por el miedo al cierre de medios, despidos, o el temor a la violencia, son las situaciones que más afectan el ambiente para ejercer el oficio.  Esta es la primera iniciativa que se hace para medir el estado de las libertades informativas en el país”, registró el informe.

Cifras de la libertad de prensa en 2012

Según el informe de la FLIP, de 140 casos de periodistas asesinados entre 1977 y 2012, se han prescrito 59. En el 2012 prescribieron 2 casos. En 2013 podrían prescribir 6 más.

Durante el año se registraron 31 casos de agresiones a periodistas por parte de miembros de la fuerza pública.

En el 2012 se hizo el lanzamiento del índice PAN 2011. Para hacer este estudio, entre otras cosas, se realizó una encuesta a 603 periodistas sobre temas que afectan su oficio.

El presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP) es cercano a los 200.000 millones de pesos (195.381.282.000). De estos, el 7 por ciento está destinado a la protección de los periodistas (13.676.689.740).

La UNP actualmente atiende a 94 periodistas. 37 tienen medidas duras (vehículo blindado, escoltas, chalecos antibalas) y 57 cuentan con medidas blandas (rondas policiales, subsidio de transporte, equipo de comunicación).

El de Guillermo Cano y el de Jineth Bedoya son los dos únicos casos de periodistas que han sido declarados Crímenes de Lesa Humanidad. 

15 años será el periodo máximo de las reservas de información, podrán prorrogarse por otros 15, pero en casos excepcionales. El lunar lo pone la ley de inteligencia. Los casos relacionados con esta ley podrán reservarse por 30 años, prorrogables por 15 más.

 

“Éste no es un Gobierno intolerante”

El presidente Juan Manuel Santos sostuvo ayer, en la reunión de reparación a periodistas que han sido víctimas del conflicto, que el derecho a la libertad de expresión ha sido uno de los pilares en su vida profesional y política.

“He estado siempre al lado de ese derecho fundamental, que siempre he defendido y siempre defenderé, de una sociedad que se pueda expresar”, expresó el Jefe de Estado en el acto Daño, memoria y reparación.

Durante la ceremonia realizada en el Hotel Tequendama, de Bogotá, el presidente Santos afirmó que el Gobierno ha estado dispuesto a colaborar a los medios de comunicación y a sus periodistas.

“Éste no es un Gobierno intolerante, no es un Gobierno soberbio; todo lo contrario queremos ser un Gobierno decente, un Gobierno que respete y admire la crítica”, manifestó el Mandatario.

Ratificó que el Gobierno nunca ha interferido en la información que los medios de comunicación quieran divulgar y que al contrario, tienen el respaldo de éste para poder seguir informando a la sociedad.

“Por eso ustedes pueden tener la absoluta seguridad de que nunca, de parte nuestra, van a recibir algún tipo de presión”, sostuvo el presidente Santos.

Finalizó diciendo que gracias a su experiencia de tantos años como periodista, hoy sabe el trabajo de quienes trabajan en este oficio.

“Lo que viví durante tantos años también me enseñó a valorar la labor del periodista y los peligros que eso entraña. Por eso la admiración mía por el periodismo es total”, concluyó.

 

Mal continental

"La violencia y la polarización persisten en el continente americano", afirmó hace poco la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) en su informe anual sobre la clasificación mundial de los países que respetan la libertad de la prensa.

RSF, organización con sede en París, sitúa en cabeza de los países más respetuosos de la libertad de informar a Finlandia, Holanda y Noruega. Los que menos la respetan son Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán.

Cuba figura en la lista de los diez países en los que se respeta menos la libertad de prensa, según la ONG.

Costa Rica (número 18 en la lista) y Uruguay (27) encabezan en América Latina los Estados en los que la libertad de prensa es más respetada.

Para su clasificación, que incluye 179 países, RSF se basa en seis criterios: pluralismo, independencia de los medios de información, entorno y autocensura, marco legal, transparencia e infraestructuras de información.

En el continente americano, la organización da cuenta de "violencia y polarización" persistentes, de "avances engañosos", así como "sobresaltos variables en el sur".

"El surgimiento de movimientos de protesta de envergadura -y su represión- había modificado de forma considerable la posición de ciertos países en 2011. El reflujo de estos movimientos cambia lógicamente la situación un año más tarde", estima RSF.

En Colombia (129) sigue existiendo "el narco-paramilitarismo, verdadero predador para aquellos que trabajan al servicio de la información".

 

Se multiplican las amenazas en 2013

Reporteros sin Fronteras expresó su gran preocupación por los numerosos casos de amenazas a periodistas que se han registrado recientemente en tres departamentos del noroeste de Colombia, cerca de la costa, una zona que se caracteriza por la presencia de diversos grupos criminales.

“Los periodistas no deben en ningún caso pagar por la violencia ligada al crimen organizado que reina en la zona. Las autoridades deben investigar lo más rápido posible estas intimidaciones, que constituyen graves violaciones a la libertad de información. Asimismo, deben garantizar la seguridad de los periodistas y proporcionar, a quienes lo requieran, medidas de protección adecuadas”, declaró Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras.

El 28 de enero pasado en Montería (Córdoba), el periodista Amílkar Alvear y el fotorreportero Jairo Cassiani, de la sección judicial del diario Al Día, recibieron un panfleto en el que se les amenazaba de muerte firmado por la banda criminal Los Urabeños. El comunicado decía que los periodistas habían “hablado mucho de ellos” y que tenían 48 horas para abandonar la ciudad. Alvear y Cassiani se fueron de Montería ese mismo día. Actualmente se encuentran bajo protección policíaca en otra ciudad.

Un periodista del mismo medio de comunicación, Jairo Contreras, recibió amenazas los días 13 y 24 de enero en Sincelejo (Sucre), a través de mensajes de texto y llamadas a su teléfono móvil.

Al Díaes un diario popular en la región, reputado por su información judicial. Alvear y Cassiani habían cubierto en varias ocasiones arrestos de miembros de Los Urabeños.

Las dos últimas semanas de enero, en Medellín (Antioquia), periodistas y camarógrafos de Teleantioquia Noticias, Telemedellín, Caracol Noticias y Noticias RCN también fueron víctimas de amenazas por cubrir eventos relacionados con actos de violencia en diversos barrios de la ciudad (comunas 8 y 13). En varias ocasiones se les obligó a dejar de filmar y a abandonar el lugar de los hechos, amenazados por desconocidos. Los periodistas prefieren que no se mencionen sus nombres por miedo a represalias de los “combos”.

Estas amenazas se suman a la que recibió el 11 de enero pasado Jineth Bedoya, del diario El Tiempo, de Bogotá.

 

Bacrim: depredadores de la libertad de expresión

Para Reporteros sin Fronteras, los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “están lejos de haber entregado las armas”.

De 2003 a 2006 un vasto plan para desarticular a los paramilitares se saldó oficialmente con la desmovilización de 30.000 combatientes de las AUC a cambio de una amplia impunidad. La mayoría de ellos se convirtieron en asesinos a sueldo o empezaron a trabajar en el narcotráfico. No obstante, entre 5.000 y 8.000 de ellos habrían retomado sus actividades paramilitares en una veintena de grupos presentes en doce departamentos.

Entre los más temidos se encuentran las Águilas Negras, que continúan sembrando el terror, incitando a los periodistas a la autocensura o al exilio, cuando no recurren al asesinato. Sus amenazas se dirigen en particular contra los periodistas conocidos por sus críticas a la llamada política de seguridad democrática, que aún sigue en vigor, así como contra los periodistas locales o comunitarios que se encuentran en las zonas de combate.

Para Reporteros sin Fronteras persiste el peligro que representan las Farc: el calvario de las radios indígenas del Cauca se debe a la vez a la presencia de paramilitares –que las consideran “objetivos militares”–, de la guerrilla y de las Fuerzas Armadas.

Entre febrero y marzo de 2011 circularon inquietantes correos atribuidos a las Águilas Negras. Estos, prometían la muerte de cinco periodistas: Hollman Morris, entonces director del programa Contravía; Daniel Coronell, vicepresidente de la cadena televisiva Univisión en Estados Unidos; Marcos Perales, director del diario periódico Portada, de Bucaramanga; Claudia Julieta Duque, de Radio Nizkor, así como Eduardo Márquez, entonces presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

Algunos de estos periodistas forman parte de las 16 víctimas de una verdadera cacería de brujas llevada a cabo por el principal servicio de inteligencia (el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), que iba de las escuchas telefónicas (chuzadas) a los atentados, pasando por campañas de desacreditación emprendidas desde las más altas esferas del Estado. Álvaro Uribe fue convocado ante una comisión especial del Congreso por su presunta responsabilidad en este escándalo de envergadura que marcó su presidencia.

Los periodistas amenazados se ven a menudo obligados a la autocensura o a huir de su región, incluso del país. Mary Luz Avendaño, corresponsal del periódico El Espectador en Medellín, debió establecerse en el extranjero en agosto de 2011 tras haber revelado nexos entre bandas criminales y miembros de la policía local.