Son dos las grandes incógnitas que despierta la reforma institucional al sector agropecuario que fue aplicada por el Gobierno en diciembre y que ayer explicó el presidente Santos en extenso durante una rueda de prensa.

 

De un lado, qué tanto este revolcón en las entidades que hacen parte del sector público, ayudará a solventar las falencias rurales que fueron advertidas en el último Censo Nacional Agropecuario, cuyas principales conclusiones fueron dadas a conocer meses atrás por el DANE.

 

Según dicha radiografía, que no se realizaba hace más de cuatro décadas, sólo el 19,8% de las tierras aptas para el sector agropecuario en el país es usado para producir alimentos, mientras que el resto es para cultivar pastos para la ganadería. Esto significa que de 40,9 millones de hectáreas para uso agropecuario, solo 7,1 millones son para cultivar alimentos.

La misma investigación evidenció que el área destinada a cultivos permanentes ha venido aumentando en las últimas décadas, al pasar de 43,7% en 1960, a 52,6% en 1970, y a 74,8% en 2014. En la actualidad el 15% corresponde a cultivos transitorios.

 

Sin embargo, el censo puso de presente que la pobreza en el campo afecta al 44,7% de los campesinos. También encontró que, por ejemplo, en el año 2013 solo el 9,6% de  los productores recibió asistencia para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Otro dato preocupante: el 20% de la población rural entre los 5 y 16 años no asistió a ninguna institución como jardín de preescolar, escuela, colegio o universidad en 2014, comparado con el censo de 2005, en donde el 26% de esta población no iba a centros educativos.

Ya la Misión Rural, el estudio hecho por expertos sobre el estado del agro y las soluciones integrales que se requerían para cerrar la brecha de progreso social entre el área urbana y la rural había advertido que era necesario aplicar una reingeniería a la institucionalidad del sector, con el fin de hacerla más ágil, con mayor impacto no sólo en materia de agroindustria sino del pequeño cultivador.

 

Las conclusiones de la Misión Rural coincidieron en que hay una  alta concentración de la propiedad, un acceso limitado a créditos y deficiencias en asistencia técnica al campesinado.

“Las propuestas que dimos a conocer implican  la necesidad de ejecutar un cambio drástico en la institucionalidad del campo colombiano, este plan está encaminado a mejorar la productividad y competitividad del sector rural”, dijo en su momento el coordinador-je de la Misión, José Antonio Ocampo.

 

Incluso la propia Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) había advertido que la estructura institucional del agro en el país era deficiente y no apoyaba en su justa dimensión a los cultivadores. Ello, por ejemplo, ha llevado a que poco a poco la rentabilidad de los campesinos y productores a mediana y gran escala sea menor. Y también a que el 28% de los alimentos que se consumen en el país sea importado.

 

El acuerdo con las Farc

 

Según lo anunciaron las Farc y el Gobierno en mayo de 2013, en La Habana se construyeron acuerdos sobre los siguientes temas:

• Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

• Programas de desarrollo con enfoque territorial.

• Infraestructura y adecuación de tierras.

• Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

• Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

• Políticas alimentarias y nutricionales. 


 

En el comunicado conjunto, los negociadores de ambas partes expresaron que lo convenido “busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz”.

 

“El Gobierno nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia”, indicaron, agregando que “se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común”.

 

La implementación de lo acordado estaría acompañada “de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos”.

 

Además precisaron que “el acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado” e “incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información”.

 

“Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental”, en tanto que “buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición”.

 

En enero siguiente, a través de un informe conjunto, el Gobierno y las Farc ampliaron algunos puntos, como por ejemplo que el Fondo de Tierras para la Paz “se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización; igualmente de la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública, de tierras donadas, y de aquellas con vocación agropecuaria que resulten de la actualización de las zonas de reserva forestal.

 

La sustracción de tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, está condicionada a la formulación, con la participación comunitaria, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental”.

 

La nueva estructura

En total fueron nueve los decretos a través de los cuales el presidente Santos, en virtud de las facultades extraordinarias que le había otorgado la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, reformó la institucionalidad rural, revolcón que el propio Juan Manuel Santos calificó de “clave” para el posconflicto.  

​Según explicó ayer el Jefe de Estado al término del Consejo de Ministros, el primero de este año, en diciembre último firmó los decretos para una revolución en la parte agropecuaria. “… Llevábamos más de 20 años con unas instituciones paquidérmicas, ineficientes y no apropiadas a esas grandes necesidades que tenemos en este momento de convertirnos en esa despensa del mundo”, explicó.

 

“Como primera medida, tomamos la decisión de que el Ministerio de Agricultura deje de ejecutar, porque el que ejecuta no puede planear, y el que planea no puede ejecutar bien, (…) entonces el Ministerio planea y se concentra en diseñar las políticas, la política de desarrollo agropecuario y la política de desarrollo rural”, indicó.

 

Señaló que en la cartera de Agricultura fue creada la Dirección de la Mujer Rural, porque “hay que ponerle especial atención a las mujeres en las actividades agropecuarias”.

De la misma manera, el Mandatario dijo que el Gobierno tomó la decisión de liquidar el Incoder, porque “se creó como una especie de colcha de retazos de diferentes entidades como para poner a todas las entidades en una y eso nunca funcionó”. 

 

De esta forma, dentro de la nueva institucionalidad se determinó crear las siguientes entidades, con el objetivo de fortalecer la ejecución en materia de tierras:

 

1.  La Agencia Nacional de Tierras: máxima autoridad de tierras en la nación.

2.  El Consejo Superior de Uso del Suelo: definirá la política relacionada con el ordenamiento del suelo rural y alineará las acciones de Gobierno en el uso del suelo.

3.  El Consejo Superior de Restitución de Tierras: encargado de coordinar y articular la implementación de políticas públicas en materia de restitución de tierras de los despojados. 

 

“Ese proceso tan importante de poderle restituir las tierras a sus legítimos dueños (…) necesita una instancia superior porque hemos encontrado demasiados casos donde a nivel local la corrupción y los intereses creados en esas regiones están impidiendo que ese proceso de restitución se adelante con la serenidad y la eficacia que merece”, resaltó Santos.

 

Desarrollo

En cuanto a la institucionalidad para trabajar planes y proyectos con miras al desarrollo agropecuario y rural, se determinó crear las siguientes entidades:

 

1.  La Agencia de Desarrollo Rural que cofinanciará y ejecutará planes y proyectos de desarrollo agropecuario. Es la primera vez que el sector va a tener un Banco de Proyectos y la posibilidad de construirlos desde los territorios.

2.  La Agencia de Renovación del Territorio coordinará la intervención en las zonas rurales afectadas por el conflicto y ejecutará los recursos de los Fondos Colombia en Paz y Colombia Sostenible. “Esta es en cierta forma la Agencia del Posconflicto”, aseveró Santos.