El caso en manos de un juez agrario se puede demorar entre tres y cuatro meses, mientras que con el proceso administrativo sería mucho más rápido.

Con el fin de acelerar el proceso de restitución de tierras en el país se está preparando una iniciativa desde el Congreso que busca agilizar los trámites de muchos de los reclamantes. El proyecto establecería que además de la restitución judicial, que es la que ya existe y está siendo manejada por los jueces agrarios, existiera un proceso de restitución administrativa para algunos casos específicos.

Según se pudo establecer la reforma a la Ley de Restitución de Tierras permitiría la restitución administrativa en los casos que cumplan con ciertos requisitos como por ejemplo, que cuando las personas que fueron víctimas de despojo tengan identificados los predios que les pertenecían y estos estén baldíos, abandonados o sin una contraparte que reclame por los espacios ellos puedan recuperar sus tierras sin necesidad de que los jueces agrarios adelanten los procesos.

En esos casos entidades como el Incoder o la Superintendencia de Notariado y Registro serían las encargadas de expedir los títulos de propiedad a través de la vía administrativa luego de comprobar la legalidad de la solicitud y el fiel cumplimiento de los requisitos exigidos.

La reforma, que sería la primera que se le hace a la Ley de Restitución, busca además ahorrar tiempo y dinero ya que a través de este tipo de restitución las víctimas se evitarían el trámite del caso en los despachos de los jueces agrarios, quienes se demoran entre tres y cuatro meses haciendo la revisión de cada caso.

Según explicó el senador Luis Carlos Avellaneda, autor de la iniciativa, en cuanto a lo económico el Estado se podría llegar a ahorrar hasta 200 millones de pesos por víctima ya que en algunos casos se exigen requisitos de conocimiento de proceso con divulgación en medios. “Hemos encontrado para iniciar que el registro de tierras se piden publicaciones no solo en un periódico de amplia circulación, sino también por emisoras y eso en un solo caso valdría hasta 200 millones de pesos”, dijo.

El congresista asegura que con la aprobación de este proyecto por lo menos el 80 por ciento de las reclamaciones podrían ser atendidas por vía administrativa.

Se conoció que el articulado está siendo trabajado por el senador progresista con miembros de su Unidad Legislativa y además está contando con el apoyo del Ministerio de Agricultura a través de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras. Aunque la iniciativa no se ha terminado se espera que en dos semanas ya esté radicada y en ese momento se sabrá si el Ministerio de Agricultura pide o no que la iniciativa se tramite con mensaje de urgencia.

Uno de los senadores que durante su gestión ha hecho seguimiento a la Ley de Víctimas es Juan Fernando Cristo, quien ve la iniciativa con buenos ojos. “Es una iniciativa que está bien encaminada y que busca hacer una restitución express en aquellos casos donde no aparece oposición del proceso y se pueda hacer una restitución con características de restitución administrativa sin tener que acudir a la autoridad judicial”.

Cristo agregó que para esos casos sería viable aprobar la iniciativa para que aquellos casos que se ajusten a los requisitos puedan ser resueltos con  mayor celeridad.

Hace unas semanas el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo que una de las eventuales estrategias que podría utilizar el Gobierno Nacional para darle agilidad al proceso de restitución sería dejando de optar por las vías judiciales, sino acelerar los procesos administrativos y ofrecer a las víctimas todas las condiciones de seguridad para que ellos puedan retornar a sus territorios.

Aunque hay personas que han criticado el proceso, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, defendió el proceso y explicó que ha sido una tarea compleja pero que ha ido avanzando. “La ley de restitución de tierras entró a regir el primero de enero, fue reglamentada en marzo, en aplicación lleva cerca de seis meses. Se ha hecho en esta materia en seis meses, lo que no había hecho el país en 50 años”, explicó Restrepo.