Tras 10 horas de intenso debate en la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, la cual solicita al alto tribunal que se amparen los derechos alegados por el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en una tutela que interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca su abogado, se determinó continuar con las discusiones este martes a partir de las nueve de la mañana.

En  el documento de 170 páginas, Vargas Ayala argumenta que no hubo un análisis riguroso sobre los elementos que componen el caso por lo que es necesario suspender la decisión del fallo para “evitar un daño irremediable” tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por término de 15 años a Petro.

 El texto también explica que "corresponde al operador jurídico excluir de cualquier valoración las pruebas ilegítimas, porque el artículo 140 del CDU dispone que la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrá como inexistente, esto es, no se le reconoce la categoría jurídica de prueba. Por ende no puede servir de soporte legítimo a una decisión sancionatoria".

Sin embargo, se pudo establecer que la discusión se ha ido por el lado de que el Alcalde de Bogotá tuvo que interponer una acción de nulidad y restablecimiento de derechos en vez de una tutela.