Todo está servido literalmente para que la plenaria del Consejo de Estado finalmente definan la legalidad o no de la reelección del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien en enero próximo cumplirá su segundo periodo de 4 años.

La acción judicial se realizó teniendo aduciendo que la reelección “constituyó una arbitrariedad que puede conllevar la concentración de poder teniendo en cuenta que para un Estado de Derecho es perjudicial que se extienda por más de 4 años la labor de un funcionario que vigila, sanciona y supervisa a otros funcionarios públicos”.

 
Así mismo la ponencia dice que “la nominación de Ordóñez por parte de la Corte Suprema para integrar la terna que se llevó al Congreso,  estaría viciada por cuanto no se habría reunido la mayoría de los votos necesarios; además de que existiría una inhabilidad porque varios de los magistrados que lo eligieron para la terna tenían familiares nombrados en la Procuraduría General”.