Definitivamente el  Consejo de Estado decidió no regresar al debate de la reforma a la justicia en el Congreso, pero formalizó su propuesta de adelantar una “cumbre de poderes”.

Así se lo hicieron saber los magistrados en carta que le dirigieron al presidente de la Cámara Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal.

“Hemos recibido una carta por parte del presidente del Consejo de Estado anunciando formalmente que esa alta Corte tomó la decisión en sala plena de no regresar a las discusiones de reforma a la justicia”, informó Gaviria.

El congresista lamentó “profundamente el retiro de las Cortes. Vamos a trabajar fuertemente para crear esos puentes de diálogo, para escuchar las preocupaciones de ellos y trabajar para sacar adelante una reforma a la justicia menos preocupada por el equilibrio de poderes y más por los problemas de los ciudadanos”.

El Consejo de Estado formalizó en si carta lo que el magistrado Gustavo Gómez, presidente de la corporación, ha denominado una “cumbre de poderes” con el mandatario Juan Manuel Santos y los líderes del Congreso, el senador Juan Manuel Corzo y el representante Gaviria.

La semana pasada, cuando Gómez anunció que los magistrados del Consejo de Estado habían llegado a la necesidad de ese “diálogo de poderes”, explicó que ese encuentro podría servir para que “con el recurso de la persuasión, se traten de neutralizar las grandes amenazas que se ciernen sobre la Carta política”.

Una de las amenazas que señala Gómez es la pérdida del control que la Constitución impuso para vigilar la actividad legislativa. Los magistrados están en contra de que en el texto no haya pérdida de la investidura para los congresistas y que restrinja la capacidad de la Corte Suprema de Justicia para juzgar penalmente a los legisladores.

El magistrado Gómez había sostenido previamente que la reforma afecta la independencia judicial y libertad de las Cortes, por lo cual se estudiará la posibilidad de pedir un acompañamiento internacional ante lo que se considera un “atentado a la Constitución”.

En diciembre, el procurador Alejandro Ordóñez, la entonces fiscal Viviane Morales y los magistrados Camilo Tarquino y Mauricio Fajardo, que entonces presidían la Corte Suprema y el Consejo de Estado, firmaron una carta dirigida al presidente Santos pidiéndole su “urgente, oportuna y directa intervención” para “evitar que se puedan afectar, de manera grave, la estructura y el funcionamiento del Estado en Colombia”.

Por esos días hacía carrera entre los magistrados la idea de que los presidentes de las altas Cortes le pidieran oficialmente a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva que programe una visita a nuestro país para conocer de primera mano la situación que aún hoy ellos califican de crítica y desinstitucionalizadora.

Como se sabe, no sería la primera vez que la relatora Knaul pondría los ojos sobre Colombia. Lo hizo tiempo atrás en medio de los ataques del gobierno de Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia por cuenta del proceso de la parapolítica. Y cómo se está presumiendo una revancha por la misma razón, pues las puertas de esa solicitud están abiertas.

Con una diferencia. A Uribe le tenía sin cuidado la relatoría. Con toda seguridad al presidente Santos sí le preocupará ver manchada una de sus gestiones mejor calificada, la de las relaciones exteriores, con una relatoría de la ONU y en un tema tan delicado.