El Consejo de Estado señaló que ninguna zona del país debe estar sin la protección de la Fuerza Pública, ya que no se puede desproteger, por ningún motivo, razón o circunstancia a la población civil.

El alto tribunal, a través de un fallo, cuestionó que la Policía Nacional abandonara el municipio de El Rosario tras una toma guerrillera que se registró en julio de 1994.

“No resulta razonable que el Estado abandone a sus ciudadanos y/o poblaciones completas que depositaron la defensa de su vida y bienes en las instituciones legítimamente constituidas, máxime cuando dicho abandono se prolonga en el tiempo”, precisa un aparte del mencionado fallo.

De igual manera, la sentencia califica como“inaceptable y una muestra clara de falla al servicio”, que durante cuatro años la población no contara con la respectiva presencia de uniformados del Ejército y la Policía.