El Alto Tribunal fallará hoy la demanda que tiene en ascuas al Gobierno, al Congreso y la Rama porque de acoger los argumentos del demandante se abriría el camino para que cobre vida la malograda reforma a la justicia de 2012

Dicha acción judicial ya cumplió dos años en manos del Consejo de Estado impetrada por la ciudadana Andrea Valentina Fajardo, para la época recién egresada de Derecho de la Universidad del Rosario, quien presentó una acción de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 1351 de 2012, por medio del cual el Gobierno llamó a extras al Congreso para los días 27 y 28 de junio de ese año con el fin de que estudiara las objeciones que hizo el presidente Santos a dicho proyecto, pues el Mandatario consideró que los conciliadores le introdujeron varios ‘micos’ que desvirtuaron el espíritu de la iniciativa.

En esa oportunidad, la demandante además de la nulidad por inconstitucionalidad del citado Decreto solicitó al Consejo de Estado una medida cautelar suspendiendo el mismo de forma provisional mientras que el alto Tribunal se pronunciaba de fondo, esto con el fin de frenar que se hicieran efectivas las sesiones extras.

Sin embargo, el Consejo de Estado negó la medida cautelar solicitada porque la actora no señalaba las normas superiores que consideraba se vulneraban en forma flagrante con el acto acusado ni tampoco expresaba el concepto de las violaciones manifiestas que alegaba. No obstante procedió a admitir la demanda en ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto mencionado.

El pasado 4 de agosto, un día antes de que la Sala Plena del Consejo de Estado adelantara una nueva votación intentando lograr la mayoría necesaria para emitir un fallo en uno u otro sentido sobre esta demanda, fueron recusados todos los magistrados del alto Tribunal argumentando que deben declararse impedidos de pronunciarse sobre el tema, pues de revivirse la reforma a la justicia su periodo en la magistratura pasaría automáticamente de 8 a 12 años, ya que esta fue una de las disposiciones que establecía la malograda reforma a la justicia. 

Actuales magistrados sí participarían

Fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO señalaron que habría consenso entre los magistrados del Consejo de Estado para negar la recusación que les impediría pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del Decreto por medio del cual el presidente Santos convocó al Congreso a sesiones extras con el fin específico que estudiara las objeciones que hizo al proyecto de reforma a la justicia.

En ese sentido los argumentos que sustentarían esta tesis es que el periodo de los magistrados es apenas una parte de la reforma a la justicia que aborda diferentes temáticas de la rama y de los congresistas, entre otros, luego no habría motivo para pensar que un togado del Consejo de Estado que se pronuncie sobre esta demanda tiene un interés directo y particular sobre el tema.
La otra razón por la cual no sería tenida en cuenta dicha recusación es que un fallo que declare nulo el Decreto presidencial antes citado no estaría reviviendo la reforma a la justicia, pues finalmente esto le correspondería al presidente Santos y si insistiera en sus objeciones, ya sería el Congreso el que daría vía libre para que pase a la etapa de control constitucional y de ahí a convertirse en acto legislativo.