Hoy en su primera sala del año el Consejo de Estado podría definir la situación de seis parlamentarios contra los que pesa demanda de pérdida de investidura. También figuran en el orden del día los expedientes de tres exparlamentarios.

En primer lugar está la demanda de pérdida de investidura de Eduardo José Castañeda Murillo, quien en la actualidad funge como representante a la Cámara por el departamento de Guainía por el Partido Social de la Unidad Nacional (La U).

El demandante argumenta que Castañeda al inscribirse como candidato a la Cámara violó el régimen de incompatibilidades por haber ejercido como gobernador encargado en esta misma circunscripción dentro de los 24 meses anteriores a la correspondiente elección.

Vale anotar que Castañeda ha ejercido como gobernador encargado del Guainía en 18 oportunidades en diferentes gobiernos.

Esta demanda fue rechazada inicialmente por el alto Tribunal porque el demandante no acreditó debidamente la calidad de parlamentario de Castañeda.

También está por definirse una demanda de pérdida de investidura contra el senador Bernabé Celis (Cambio Radical) al incurrir supuestamente en inhabilidad porque votó el proyecto para ampliar el periodo de los directores de la CAR y su esposa es la directora de la Corporación Autónoma Regional para la meseta de Bucaramanga. Esta demanda fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, director de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Igualmente, el Consejo de Estado debe definir el caso del representante Óscar de Jesús Marín por presunto conflicto de intereses, pues como siendo Presidente de la Comisión de Cuentas votó para que una investigación que adelantaba en su contra la Contraloría de Antioquia pasara a la Contraloría General.

La defensa de Marín argumenta que el control excepcional que ejerce la Contraloría General es un mecanismo de orden constitucional de garantía, el cual puede invocarse en los eventos así haya duda sobre la imparcialidad del órgano de control territorial.

En tanto que la demanda de pérdida de investidura contra el representante Rafael Romero Piñeros (Partido Liberal) es por una supuesta violación al régimen de inhabilidades.

Mientras que la causa de pérdida de investidura contra el senador Plinio Olano (Partido de La U) tiene que ver con una demanda que presentó el personero de Sutamarchán, Luis Aguilar, en contra del alcalde de esa población, Carlos Castellanos, por compra de votos en los comicios parlamentarios de 2010, cuando supuestamente el Burgomaestre prometió baños a varias familias si votaban por Plinio Olano al Senado y Luis Guillermo Barrera a la Cámara.

También está pendiente por fallar una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara,  Jaime Alonso Vásquez Bustamante, por supuesto tráfico de influencias en un contrato de más de $1.700 millones para el mantenimiento de vías en el departamento.

Igualmente, el Consejo de Estado está pendiente de definir la demanda de pérdida de investidura de los excongresistas Eduardo Merlano por tráfico de influencias, por lo cual ya fue destituido hace algunos meses por la Procuraduría; además está el caso del exsenador Rodrigo Lara Restrepo porque supuestamente financió la campaña política de Erwin Arias Betancourt a la Cámara en el 2010. La  Procuraduría dice que no hay pruebas y el mismo Arias lo niega.

Finalmente está el proceso de pérdida de investidura contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas por el carrusel de la contratación en Bogotá, quien ya fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado por 20 años.