Si algo quedó claro en la última semana es que el conflicto en esta zona tiene raíces muy profundas y que por más que los indígenas insistan en que las tropas se retiren, la guerra continuará, pues las causas objetivas no se acabarán de la noche a la mañana.
Años atrás, en pleno gobierno Uribe, un General que, por entonces, comandaba el Ejército, les admitió a los periodistas que si en Cauca no estaba concentrado el foco de la guerra, sí se escenificaba allí la batalla más importante contra las Farc.
Esta semana, cuando el mandato del presidente Santos está a punto de llegar a su primera mitad, el país volvió a quedar estupefacto con la situación en el Cauca. Y no es para menos. Un ataque más de la guerrilla a poblados de ese Departamento, una comunidad indígena exigiendo que las tropas del Ejército y los frentes de las Farc salgan de la zona, un Jefe de Estado y su pleno ministerial haciendo un Consejo en Toribío con el sonido de disparos y combates a media distancia, un avión de combate siniestrado sin que se sepa si fue un accidente o fue derribado… Y todo ello en medio de un ambiente político muy caldeado entre quienes consideran que la situación de seguridad y orden público se ha deteriorado, y una Casa de Nariño que, cifras en mano, lo niega. Y como si fuera poco, con la opinión pública dividida respecto a cómo va el país en materia de conflicto armado y si la culebra de la guerrilla, que se consideraba agonizante, está ‘resucitando’…
Lo cierto es que el Cauca soporta casi desde el inicio de su historia un conflicto interétnico que influye con mucha fuerza en su débil estructura política, económica y social que convierte a este territorio en uno de los más diversos y desiguales.
Hoy por hoy esta región tiene un escaso 10% de sus vías pavimentadas y su población registra 60 por ciento bajo la línea de la pobreza. Al mismo tiempo niños y jóvenes no ven un futuro promisorio para alcanzar una formación profesional y acceder a un buen trabajo. Este Departamento tiene la mayor tasa de desempleo y Popayán es una de las ciudades con mayor índice de desocupación.
En la parte norte, la falta de empleo entre los jóvenes supera 70 por ciento. Algo que resulta paradójico ya que en esta zona existe un desarrollo empresarial y agroindustrial muy fuerte, pero que no vincula a la población.
Tropas, no obras
Mientras los proyectos productivos son lentos o escasos, la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional crece, con la instalación de Batallones de Alta Montaña, Brigadas Móviles, Fuerzas Especiales, Fuerzas de Tarea, Estaciones y servicios de Inteligencia.
Pero aún así las Farc, el Eln y las bandas emergentes al servicio del narcotráfico (bacrim), ‘herederas’ de los grupos paramilitares, también se fortalecen económicamente con la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el cobro del gramaje por cada kilo de cocaína que sale de la zona. Hasta se han detectado alianzas entre esos grupos ilegales para controlar narcolaboratorios y sembradíos de marihuana y amapola en las partes altas de la Cordillera Central.
Se sabe que Cauca tiene una posición estratégica toda vez que permite salir a los puertos del Pacífico y es corredor hacia el Valle, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo.
Como si fuera poco, es una de las regiones en donde más se denuncia reclutamiento forzado de menores, con niños que desde los 12 años terminan engrosando las filas de los grupos armados.
Una de las mayores dificultades radica en que la guerrilla, como lo repitieron esta semana desde el Presidente y ministros hasta los mandos castrenses, “lleva más de cincuenta años en la zona”, se mimetiza entre la población civil y en muchas oportunidades la usa de escudo.
Allí opera el llamado “Bloque Occidental”, comandado por Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, que cuenta con una fuerza de unos mil guerrilleros, entre combatientes, milicianos y redes de apoyo. Son en total nueve columnas móviles, cinco compañías móviles y ocho frentes.
También está el hecho de que los frentes que allí operan lo hacen fraccionados, con cuadrillas de pocos hombres y acudiendo a ‘golpes de mano’, es decir actos terroristas, “plan pistola” contra los uniformados y retenes ilegales de una o dos horas en caminos veredales.
Ello explica porqué la guerrilla puede atacar o hacer presencia con tanta frecuencia en la mayoría de los 29 municipios y sus corregimientos. Las estadísticas son muy dicientes: mientras que en 2008 se registraron 20 ataques, en 2011 hubo 105. Este año ya van 159 hechos de violencia de distinta índole.
El abatimiento en Cauca, en un bombardeo, del máximo cabecilla de las Farc alias Alfonso Cano, no fue un hecho gratuito. Todo lo contrario, la ofensiva de las Fuerzas Militares en el suroriente y el centro del país, obligó a muchos frentes a replegarse, pero no selva adentro, sino hacia Cauca, Putumayo y Nariño.
Indígenas vs. campesinos
Y en medio de todo ello, también se vive un conflicto de tierras de vieja data, como ocurrió recientemente en los municipios de Cajibío y Totoró, donde se registraron impresionantes choques con palos, piedras, machetes y hasta armas de fuego cortas, entre indígenas y campesinos en pos de ganar la posesión de fincas agrícolas y ganaderas que cada grupo reclama como propias.
Incluso también son recientes hechos como los ocurridos en la vereda Mazamorreros, entre Suárez y Buenos Aires, o los violentos choques en zona rural de Caldono y los enfrentamientos entre grupos del mismo resguardo étnico en San Andrés de Pisimbalá, esta vez por el control de una escuela.
Lo cierto es que así como las comunidades indígenas han puesto un alto precio en materia de muertes y pérdidas por una guerra que los acorrala cada día más, su paciencia llegó al límite y esta semana decidieron que del discurso de “neutralidad” debían pasar a las acciones: fue así como exigieron a la Policía y el Ejército retirarse de la zona, y para ello desmontaron trincheras y desmantelaron una base militar, y la Guardia Indígena confrontó a varias cuadrillas guerrilleras para hacerles la misma solicitud.
Un Estado “amigable”
Es claro, entonces, que en Cauca la crisis de orden público no es gratuita ni nueva; todo lo contrario, responde a un polvorín social, económico, étnico de mucho tiempo, alimentado no sólo por efecto de un endémico abandono estatal sino por el negocio del narcotráfico, del cual se surten guerrillas, neoparas y los propios carteles.
Para el gobernador Temístocles Ortega, ante la delicada situación de orden público es necesario no sólo una mayor seguridad sino, prioritariamente, inversión social.
Según el Mandatario, una geografía llena de montaña y páramos, la presencia de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, la minería ilegal y la falta de oportunidades para sus habitantes, crean una alta dificultad para combatir a la guerrilla que en los últimos meses se ha ensañado contra Toribío, Jambaló, El Tambo y Argelia, en los ámbitos urbano y rural.
Reconoce Ortega que hay que entender que la topografía del Cauca es muy accidentada, además de difíciles condiciones climáticas, lo que dificulta la plena diligencia de la Fuerza Pública.
En su concepto, lo que requieren es una presencia efectiva y más amigable de las Fuerzas Militares y de Policía, así como una real inversión social.
Insiste en que urge la garantía por parte del Estado de la vida, honra y bienes de los ciudadanos y “esto no está ocurriendo en el Cauca y nos permite exigir a la Nación para que cumplamos con este mandato fundamental”.
“Si no hay inversión social para garantizar una mejor calidad de vida en las gentes, la confianza de las personas en el Estado no será… Requerimos una inversión social real y efectiva para impulsar procesos que permitan el desarrollo y progreso, con oportunidades de estudio y de trabajo”, precisó.
Advierte que no es necesario seguir hablando de talleres ni encuentros, sino de hechos concretos, acciones específicas para brindar un bienestar real para la población campesina e indígena.
“Estamos hablando de recursos que generen en las comunidades proyectos productivos, de educación, salud, saneamiento básico, trabajo, deporte y todo lo que implique que el ciudadano sienta un Estado amigable, que los entiende, protege y los ayuda a salir adelante”, explica.
En lo profundo
Para el director General de Indepaz Camilo González Poso, la problemática que vive Cauca obedece a varios factores, entre ellos un Plan de Consolidación militar lanzado por el Estado sin haber derrotado a las guerrillas.
“Allí se había presentado una situación de statu quo (entre guerrilla y Estado) con una violencia crónica, pero la determinación del Gobierno, con sus Fuerzas Armadas, de tomar el Cauca como una región de consolidación, significó una saturación de la presencia militar y se rompieron los equilibrios que venían dándose en la última década, porque se registra un crecimiento bastante fuerte, incluso se ha triplicado la presencia de la Fuerza Pública”, precisó el ex ministro y ex comisionado de Paz en diálogo con EL NUEVO SIGLO.
“Podemos afirmar fácilmente que se cuenta con más de cinco mil efectivos en el área del Cauca y hacia el macizo colombiano, zonas históricas y estratégicas de las Farc. Entonces se desató una lucha territorial. La cercanía entre las fuerzas en conflicto es mucho mayor y, por esta razón, son frecuentes los hostigamientos y combates”, explica.
Sin embargo, en esta región las Farc son muy fuertes por su movilidad, “porque del territorio del que estamos hablando no es solamente del Cauca sino del macizo colombiano y del Valle del Cauca, incluye la salida al mar por el Pacífico”.
De acuerdo con González Posso, lo que hay es una pelea geoestratégica, porque las Fuerzas Armadas buscan un corredor mucho más amplio de protección sobre Cali, Buenaventura y, en general, sobre el Valle.
Según el analista, en esta confrontación la población es considerada simplemente “como un asunto secundario, como un estorbo o como unos cómplices”.
Reiteró que “aquí cada quien ha hecho abstracción de que hay una población que le pertenece a las concentraciones mas fuertes de etnias de Colombia. En ninguna parte del territorio nacional hay tanto indígena y tanto afrodescendiente, numéricamente y proporcionalmente, con una tradición de organización legendaria”.
Y agrega que “ese teatro de operaciones de guerra se está haciendo sobre pueblos y comunidades muy organizadas y violentando los derechos, la autonomía y las tradiciones de las comunidades, que son tomadas como fichas de ajedrez en el tablero de una confrontación de alto nivel”.
Señaló que la situación es aún más compleja por las disputas por el territorio entre Estado y guerrilla, los cultivos de caña, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la presencia no solamente de las Farc y del Eln sino de las bandas emergentes al servicio del narcotráfico como Los Rastrojos y “una combinación de intereses, que conforman un cuadro sumamente explosivo”.
El narcotráfico
Según los analistas, el narcotráfico es el elemento que explica el agravamiento de la guerra en el Cauca.
“…Algunos municipios como El Tambo, en el Cauca, y otros de Nariño, registran extensos cultivos de hoja de coca y marihuana y solo compiten con el Guaviare, el Vichada y la zona del sur de Córdoba y de Bolívar”, precisó el ex ministro.
Agregó que el Cauca es uno de los cuatro polos de cultivos de hoja de coca y del proceso de cocaína, a lo que se suma un resurgimiento de los sembradíos de marihuana en la región de la Cordillera Central.
“Ahora también se habla de los títulos mineros y de la explotación petrolera, que afecta la tercera parte de los municipios del Departamento, y también plantea conflictos con los territorios colectivos de indígenas y afrodescendientes...”.
Precisó que uno de los grandes problemas es que “la población es mirada como blanco del conflicto e incluso como sospechosa. La guerrilla considera a la Guardia y a las autoridades indígenas como sospechosas de colaborar con el Ejército. Y las Fuerzas Militares estiman que estas comunidades son el soporte de la guerrilla. Entonces aquí la peor parte la lleva la población”.
Aseguró que “todo muchacho que pasa por una carretera en una motocicleta es tildado de sospechoso o señalado de paramilitar, de guerrillero o de cualquier cosa. La juventud aquí está en el peor de los mundos. Es una situación lamentable y deplorable. Recuerdo situaciones similares como en Nicaragua, cuando el régimen de Anastasio Somoza consideraba a todo joven como guerrillero”.
Por último indicó el Director de Indepaz que “todas las medidas que viene tomando el Gobierno nacional son más gasolina para el incendio. El presidente Santos Calderón fue a Toribio a decir que no reconoce la autoridad indígena en materia de seguridad, pero en otros temas son reconocidos como autoridades territoriales y hay un estatuto constitucional”.
“Aquí el Gobierno nacional dice que no va a ceder, porque hay un cuestionamiento en la relación entre los dispositivos de guerra y población. Entonces se echa más gasolina para el incendio”, expresó.
Puntualizó que Cauca requiere una estrategia combinada, de tipo social y de seguridad, pero concertada, reconociendo desde el principio que hay etnias indígenas y afrodescendientes que tienen mucha fuerza, mucha historia y han resistido demasiado el arrinconamiento “por el llamado desarrollo.
No hay voluntad: Piñacué
Consultado por EL NUEVO SIGLO, el ex senador Jesús Enrique Piñacué advierte que “jamás en todo el tiempo de la historia política en Colombia ha ocurrido un momento en que haya expresa voluntad para discutir en forma tranquila, serena y sobre todo democrática, asuntos que tienen que ver con la comprensión del Estado, de la Nación y de la soberanía en relación con los pueblos indígenas.
“El Cauca es una zona de conflicto, no solamente en los últimos 40 años, sino permanentemente. Recordemos que a Agualongo lo fusilaron en Popayán y a Quintín Lame lo tuvieron 108 veces en la cárcel del Estado Republicano y, por último, al Consejo Regional Indígena del Cauca siempre lo han sindicado de ser subversivo y guerrillero. Aquí falta un poco de tranquilidad y de sensatez democrática”.
Afirmó que “nosotros los indígenas no cedemos ni a las Farc ni al Estado. No les vamos a dar ventajas estratégicas a ninguno de los dos. Creemos en la legitimidad del Estado, pero el Estado tampoco nos cree. Entonces pailas, estamos en guerra”.
Insiste en que “nosotros tenemos que hacer ver al Estado que no somos chusma, y eso tiene que quedar claro. Necesitamos una agenda con metas específicas y la participación de la sociedad civil a través de sus organismos claramente definidos y un debate democrático por fuera de la confrontación, pero con una actitud beligerante, sin que eso signifique guerra”.
Visión Nasa
A su turno, el líder Nasa de la Asociación de Cabildos del Norte Feliciano Valencia afirmó que lo único que están haciendo las comunidades es trabajar para vivir en paz.
Denunció que las guerrillas de las Farc vienen exigiendo, no solo a las comunidades indígenas sino a la población en general, que deben abandonar los perímetros urbanos donde están instaladas las bases militares y las Estaciones de Policía con sus correspondientes trincheras, pues su propósito es destruirlas.
“Prácticamente la orden que recibió el alcalde municipal y los cabildos, por parte de la guerrilla, es que se tiene que desalojar Toribío, porque van a acabar con el puesto de Policía", precisó el líder indígena.
Indicó que “estamos cansados de poner los muertos, los heridos, estamos cansados y agotados por la guerra y por esta razón no queremos las trincheras en nuestras calles y en nuestros cabildos”.
Explicó que “le pedimos a los actores del conflicto para que se respete la vida, la honra y los bienes de la población civil que está en medio de los combates”.
Indicó que en un esfuerzo desesperado para parar la guerra en el Cauca, la Guardia Indígena “cogió camino a la montaña para desbaratar las trincheras de las guerrillas de las Farc, mientras que otros quitaron las trincheras que rodean la Estación de Policía en Toribío y de las bases militares que sirven para la defensa de los uniformados”.
“Es nuestra decisión no permitir más grupos armados ilegales o legales en nuestros territorios, que se vayan de nuestros territorios, porque todos los días ponemos muertos, heridos y desplazados”, acotó Valencia.
Puntualizó que “no es la primera vez que los pueblos indígenas, con la Guardia, las comunidades y las autoridades, hemos hecho ejercicios de hacer valer el respeto territorial. Lo hemos hecho en anteriores oportunidades con ejemplos de disciplina, orden y control. Estamos pidiendo que nos den esa oportunidad de demostrarle al país y al mundo que con la palabra, con los argumentos, con la dignidad y la razón que nos asiste para poder vivir en paz, lo podemos hacer”.
“También estamos trabajando para que salga la delincuencia común y el narcotráfico no solo en Toribío sino en Miranda, Jambaló, Suárez y en todos los sectores donde estén presentes los actores armados... Sencillamente queremos la paz”, concluyó Feliciano Valencia.
Ni un centímetro: Santos
Sin embargo, tanto el presidente Santos como el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón reiteran que la Fuerza Pública no desmilitarizará ni un centímetro de territorio en el Cauca.
El Jefe de Estado insistió en que “nosotros también estamos cansados de la guerra, pero por ningún motivo podemos desmilitarizar un solo centímetro de nuestro territorio”. Agregó que “la población indígena pertenece a esos colombianos que nuestra Fuerza Pública tiene la obligación de defender, que yo tengo la obligación de defender”.
Indicó que los ataques de las Farc a esa población son la respuesta a la efectiva acción de la Fuerza Pública, porque los están sacando de sus “madrigueras” y les están cortando los corredores de movilidad para que la droga no siga fluyendo. “¿Por qué están haciendo terrorismo? Porque quieren decir que todavía están vivos a pesar de que están cada vez más debilitados. Esos actos de terrorismo no son actos de fuerza. El terrorismo lo que demuestra es debilidad”, subrayó el Mandatario.
A su turno, Pinzón manifestó que hay que “seguir avanzando, seguir copando esas áreas base que las Farc han establecido allá por décadas, vamos a hacer más esfuerzos. Al Cauca han llegado en los últimos meses unos 2 mil hombres de las Fuerzas Armadas y vamos a revisar si tenemos que seguir colocando más tropas para seguir garantizando la seguridad, pero que quede claro que no vamos a bajar la presión”.
Para los jefes militares y castrenses en la zona, la exigencia y actitudes de las comunidades indígenas no son las mejores. El Comandante de la Región Cuatro de Policía general Jorge Hernando Nieto dijo que pese a que con el desmonte de las trincheras los uniformados quedaron en riesgo, actuaron con prudencia para evitar hechos violentos.
“Queremos que los líderes indígenas y las comunidades en general entiendan que la Policía debe permanecer en las inspecciones, corregimientos y municipios prestando seguridad y control y proteger la vida, honra y bienes de los colombianos”, precisó el alto oficial.
Como se ve, la crisis en el Cauca no tiene una solución fácil de implementar, pues se mezclan allí conflictos más graves que la propia guerra entre Estado y guerrilla. El Gobierno lanzó un “Plan Cauca”, pero sólo el tiempo dirá si éste será una luz al final del túnel de la violencia, el abandono y la percepción de no futuro…