La Policía Nacional pidió hoy a los manifestantes del Catatumbo que se abstengan de utilizar artefactos explosivos, ya que al menos diez manifestantes resultaron heridos gravemente, algunos con mutilaciones, por el uso de papas bomba, tatucos y bombas artesanales.

Además, en la última jornada resultó lesionado con una esquirla un camarógrafo de un medio de comunicación que cubría la protesta, de igual forma, estos artefactos han ocasionado daños a múltiples viviendas de personas ajenas a las protestas.

La Policía Nacional pidió tambien a los manifestantes que en caso de resultar lesionados acudan a centros asistenciales con capacidad médica suficiente para atenderlos, toda vez que las atenciones improvisadas pueden llegar a ser perjudiciales para su salud.

La institución informó que en el trascurso de la protesta han resultado lesionados 21 uniformados con artefactos explosivos arrojados de manera indiscriminada por los manifestantes.

Fiscalía investiga infiltraciones

Con ocasión a las alteraciones en el orden público que se han presentado en el último mes en el departamento de Norte de Santander, relacionados con bloqueos en la región del Catatumbo, la Fiscalía General de la Nación viene adelantando importantes investigaciones orientadas al esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los mismos.

Es así como en relación a los hechos ocurridos en el municipio de Tibú el pasado 11 de junio, que terminaron con el incendio del Palacio de Justicia y otros inmuebles, se logró identificar a Jefferson García Duque y Guillermo López Prieto como dos de las personas que presuntamente habrían participado en tales acontecimientos, a quienes se les formuló imputación por los delitos de terrorismo, incendio, obstrucción a vías públicas y daño en bien ajeno simple y agravado.

Cosa similar ocurrió con las refriegas acaecidas en el municipio de Ocaña el pasado 15 de junio, con ocasión a los cuales la Fiscalía judicializó a Édgar Alfonso León Sanguino, Ramón del Carmen Ortega y Yeison Alberto López Coronel quienes fueron capturados en flagrancia portando artefactos explosivos artesanales; razón por la cual se les formuló imputación por el delito de porte de explosivos (Art. 366 C.P.) al evidenciarse la capacidad destructiva de tales artefactos, lográndose también que los jueces de garantías correspondientes impusiera medida de aseguramiento a las personas antes señaladas.

En lo que corresponde a los ataques violentos de los que han sido víctimas los servidores de la Policía Nacional, a pesar de las dificultades que ofrece la investigación criminal en el contexto en que las mismas se produjeron, la Fiscalía ha imputado cargos por el delito de violencia contra servidor público en contra de Osneider Balmaceda, Mario Alfonso Pinzón Urina, Carlos Alfredo Jáuregui Quintero, José Valdemar Jáuregui Uribe y Alfonso Parada León.

Respecto de los hechos ocurridos el 22 y el 25 de junio de 2013 en la localidad de Ocaña, en los que perdieron la vida Édinson Franco Jaime, Yonel Jácome Ortiz, Hermides Jaime Téllez y Diomar Alfonso Quintero, respectivamente; la Fiscalía General de la Nación ha creado un Grupo Élite de investigación compuesto por expertos en balística, homicidios, derechos humanos y topografía, los que a la fecha han reportado importantes avances en la investigación, que permitirán el esclarecimiento de los hechos.

Dentro de tales avances investigativos deben destacarse las experticias balísticas, gracias a las cuales se determinó que tres de los cuatro homicidios fueron causados con proyectiles de armas de fuego de alta velocidad, lo que resulta consistente con el uso de armas automáticas o semiautomáticas tipo fusil; en relación con el caso restante, fue necesario realizar la exhumación para esclarecer los vacíos de la necropsia realizada por el médico rural.

Igualmente, se ordenó la apertura de cerca de siete noticias criminales por hechos relacionados con la incineración de diferentes muebles e inmuebles de propiedad de empresas del sector petrolero, así como de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander – CORPONOR, en hechos ocurridos en el municipio de Tibú en el transcurso de este mes.

Sobre la presunta infiltración de las marchas campesinas por miembros de grupos armados al margen de la ley, la Fiscalía viene adelantando importantes esfuerzos investigativos para esclarecer tal hipótesis delictiva; para lo cual, se han designado dos fiscales de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, quienes actualmente analizan la información que se ha recaudado, la que por Ley, no puede darse a conocer al público por encontrarse bajo reserva.