Cataluña no tendrá un nuevo gobierno regional antes de finales de noviembre, informó este viernes una fuente de la CUP, uno de los dos partidos secesionistas, que se opone a reelegir al presidente saliente, el independentista Artur Mas.

"El 29 de noviembre habrá una jornada de debate grande para la militancia", explicó a la AFP una fuente de la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP). "No se tomará una decisión sin que se haya dado un debate interno", subrayó.

El jueves, por segunda vez, Mas fracasó en su intento de ser investido por el parlamento regional catalán, donde los independentistas son mayoritarios desde las elecciones del 27 de septiembre.

Los secesionistas están divididos entre la CUP (diez diputados) por una parte, y por otra la coalición Junts pel Sí (JxS, Juntos por el Sí), que reúne a los conservadores del CDC de Mas y a la izquierda independentista de ERC (62 diputados en una cámara de 135).

Reprochando a Mas su política de austeridad desde finales de 2010 y los escándalos de corrupción en su partido, la CUP no quiere investir a este político y afirma que sólo respaldará a JxS si el presidente saliente se retira y propone otro candidato.

Las dos formaciones tienen hasta el 9 de enero para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, se deberán convocar nuevas elecciones regionales, que serían las cuartas en Cataluña en menos de seis años.

Mas llamó este viernes a la CUP a construir "puentes hacia la libertad" en "este momento de una cierta tensión política". 

Los dos partidos deberán ahora intentar ponerse de acuerdo en negociaciones a puerta cerrada, había dicho el jueves un miembro de ERC a la AFP.

Estas divisiones tienen lugar pese a que ambas formaciones votaron conjuntamente el lunes a favor de una resolución que anuncia el lanzamiento de un proceso independentista que debería dar sus frutos en 2017, así como la desobediencia al Estado español.

Esta resolución parlamentaria sin precedentes fue suspendida el miércoles por el Tribunal Constitucional a petición del gobierno español de Mariano Rajoy. Sus impulsores, encabezados por Mas, se exponen a consecuencias penales si siguen adelante.