Gobierno regional encabezado por Puigdemont y parlamento no reconocen su cese y por ello este lunes será clave cuando intenten volver a sus cargos.
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Banderas catalanas y españolas entrelazadas, el lema “Todos somos Cataluña” y un solo grito por la unidad de España coreado por más de 1,1 millón de personas enmarcaron durante varias horas la actividad dominguera en Barcelona para mostrar al país y al mundo que quieren ser una región autónoma y no una República.
Sentimientos encontrados entre el descontento por la declaratoria de independencia que hizo el parlamento catalán tras solicitud del hoy destutido Carles Puigdemont –decisión que no ha reconocido- y la incertidumbre por ser una región intervenida por Madrid pero cuyo futuro se desconoce ante la radicalización de los secesionistas, los participantes en esta gigantesca marcha con una sola frase dejaron en claro lo que son: españoles.
Así, bajo el lema "¡Todos somos Cataluña!" y un mar de banderas españolas y catalanas, la multitud (un millón según la delegación del gobierno español y más de 1,1 millones según los organizadores) inundó el elegante paseo de Gracia de la capital catalana para exigir una pronta solución a la inédita situación que vive el país.
Como se sabe, años de tensiones entre el gobierno regional y el poder central culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes: el parlamento regional declaró la independencia y el ejecutivo español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán y tomó el control de su administración, en la que está al frente desde ese día la vicepresidenta Soraya Sanz de Santamaría.
En esta región con 7,5 millones de habitantes, con un idioma propio pero con muchos habitantes procedentes del resto de España, la sociedad está dividida a partes iguales sobre la secesión.
Y ahora viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la república, otros respiran aliviados tras la intervención del gobierno español, a quien piden más mano dura.
"¡Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!", gritaban en la marcha algunos, mientras otros aseguraban que "Es ilegal lo que han hecho", reprochando a los independentistas, como lo expresó Miguel Ángel García, jubilado de 70 años, al expresar que no entiende cómo han logrado dividir a los catalanes.
"Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio", repudió Álex Ramos, vicepresidente de la Sociedad Civil Catalana, SCC, en referencia a la declaración de independencia no reconocida por ningún país.
"Es un momento dramático en la historia de España, un momento tremendamente difícil y peligroso", advirtió el expresidente del Parlamento europeo, el catalán Josep Borrell, pidiendo a los manifestantes "serenidad" para "seguir viviendo juntos".
Lunes, día clave
Al aplicar el artículo constitucional que le permite al presidente conservador Mariano Rajoy intervenir Cataluña, éste además de destituir al gobierno regional encabezado por Puigdemont y cesar varios altos cargos, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones el 21 de diciembre.
Así, más de 150 funcionarios fueron cesados, la red de embajadas catalanas abiertas en los últimos años cerrada y la cúpula de la policía regional, los Mossos d'Esquadra, relevada por órdenes del Ministerio del Interior.
Según un portavoz policial, el nuevo comando dio órdenes para retirar la escolta a los dirigentes destituidos, así como las fotografías de Puigdemont de las comisarías.
Pero los líderes independentistas no reconocieron su cese. En una carta en el diario El Punt-Avui, Oriol Junqueras, el vicepresidente del ejecutivo destituido, aseguraba que "el presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont".
"No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el Partido Popular [de Rajoy] con control remoto desde Madrid", añadió.
Menos explícito fue Puigdemont, que en un mensaje televisado el sábado apeló a "la oposición democrática" y "pacífica" a la toma de control del gobierno español.
Es por eso que la fecha marcada en rojo en el calendario es este lunes, cuando los dirigentes destituidos o los diputados del parlamento disuelto podrían intentar volver a sus puestos de trabajo.
También se espera que la fiscalía española se querelle contra Puigdemont por "rebelión" en los próximos días, un delito penado con hasta 30 años de prisión.
El dilema electoral
A pesar de las causas judiciales abiertas contra él, el gobierno español entiende que el líder independentista catalán podría presentarse a las elecciones convocadas en diciembre.
"Se anima a participar a todo el mundo y Puigdemont está invitado a presentarse", dijo el embajador español en Francia, Fernando Carderera.
Esta convocatoria anunciada por Rajoy el viernes desconcertó a los independentistas y les abrió un dilema: ¿participar y darles legitimidad o ausentarse y dejar el terreno libre a los partidos contrarios a la secesión que están ganando terreno?
Según una encuesta publicada ayer por el diario El Mundo, los partidos independentistas perderían en unos comicios la mayoría absoluta obtenida en septiembre de 2015, pasando de 72 escaños sobre 135 a una horquilla entre 61 y 65.
¿Puigdemont se asilará?
Entre tanto se conoció que Bélgica podría ofrecer refugio al líder separatista catalán Carles Puigdemont.
El ministro belga de Inmigración, Theo Francken, miembro del partido separatista flamenco N-VA, se preguntó si Puigdemont podrá contar con un juicio justo y mencionó que podría obtener asilo en Bélgica si así lo solicitaba, al ser preguntado al respecto por una periodista.
"No es poco realista [pensar que Bélgica podría proteger a Puigdemont], en vista de la actual situación", declaró Francken a la cadena VTM el sábado.
"Habida cuenta de la represión que ha ejercido Madrid y las penas de prisión propuestas, cabe plantearse la cuestión de si [Puigdemont] podrá contar con una audiencia justa en los tribunales".
En cualquier caso, no existen informaciones que indiquen que el dirigente quiera abandonar Cataluña, y ayer, el vicepresidente del Gobierno catalán destituido, Oriol Junqueras, afirmó que el presidente de Cataluña "es y seguirá siendo" Puigdemont.
Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea manifestaron su firme apoyo al Gobierno español, pero el primer ministro belga, Charles Michel -que gobierna en coalición con la formación separatista N-VA- se mostró más comedido en su respuesta, pidiendo una "solución pacífica" con "respeto al orden nacional e internacional".
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