La alianza independentista en Cataluña se encontraba al borde de la ruptura debido al rechazo de la izquierda radical a apoyar los presupuestos del gobierno, una pieza clave en el plan de ruptura unilateral con España.
Candidaturas de Unidad Popular (CIP), el partido de la izquierda radical, se había comprometido en enero pasado a dar estabilidad al gobierno de la coalición Juntos por el Sí, formada por partidos independentistas de derecha e izquierda.
Sin embargo, la dirección de la CUP decidió el martes a última hora impedir este miércoles la tramitación parlamentaria de los presupuestos.
"Estos presupuestos no son suficientes, no contienen elementos de ruptura" con España, señaló este miércoles Anna Gabriel, líder de la CUP, que reclama desobedecer el objetivo de déficit marcado por el gobierno español y aumentar los impuestos a las clases más altas.
Salvo sorpresa, el parlamento regional impedirá este miércoles su tramitación con el voto en contra de los 63 diputados no independentistas y los 10 de la CUP y el único apoyo de los 62 diputados de Juntos por el Sí.
"Lo que ha sucedido es muy grave", afirmó a la radio Cadena Ser la portavoz del gobierno regional, Neus Munté.
Esta decisión supone un varapalo para los planes del gobierno catalán, escogido con el único objetivo de empujar a esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes hacia la independencia del resto de España.
En esta legislatura, pretendían crear la administración necesaria para asumir las competencias propias de un Estado, como una agencia tributaria o un banco central, y lanzar un amplio abanico de políticas sociales para aumentar el apoyo de la sociedad catalana, muy dividida sobre la secesión.
Pero su implementación depende en gran parte de la aprobación de los presupuestos, que contemplaban un aumento de 874 millones de euros para las partidas sociales o 48,5 millones al desarrollo de una hacienda catalana.
"Para llevar a cabo la hoja de ruta (...) los presupuestos eran absolutamente imprescindibles", afirmó Munté. Incluso, no descartó una nueva convocatoria electoral apenas un año después de los últimos comicios cuando los independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento catalán.
Y es que ahora, el ejecutivo regional se encuentra en un dilema: o gobierna en minoría a expensas de la inestable CUP o renuncia a su proceso independentista para buscar nuevos aliados entre la oposición no nacionalista.
En caso de no aprobarse el presupuesto, el gobierno regional tendría que retomar sin cambios el del año 2015, con un nivel de gasto mas limitado.