Por segunda vez en el año, el Congreso inició el trámite de un proyecto de ley para castigar con cárcel a los conductores ebrios y también volvió la polémica por la propuesta.

El proyecto no ha contado con el apoyo de todos los congresistas ya que consideran que penalizar una conducta como estas aumentaría el problema del hacinamiento carcelario que hoy tiene el país y que según las cifras del Inpec es cercano al 48 por ciento. Otros legisladores han dicho que es importante que quienes conducen borrachos vayan a la cárcel para reducir el número de accidentes, heridos y muertos a causa de esta conducta.

El senador Carlos Alberto Baena, presidente del MIRA, explicó que “con el proyecto no basta que la persona pague la multa, sino que tenga la cárcel, eliminándose a la vez la casa por cárcel” y que lo se busca es causar un efecto de disuasión social, elemento que sería importante para ayudar en la disminución de los índices de accidentalidad.

Pero a la voz de los congresistas que se oponen a la medida y que incluso la han calificado como populismo punitivo se unió la del vicefiscal Jorge Perdomo, quien en un debate realizado en la Comisión Primera del Senado hizo un llamado para que sean escuchadas las opiniones de la Fiscalía cuando se tramiten iniciativas que requieran el aumento de penas.

Perdomo dijo, además, que la aprobación de esta ley tendría unos costos bastante grandes para la Fiscalía. “50.000 millones de pesos sería el impacto de ese proyecto para la Fiscalía. Además, serían necesarios 300 fiscales nuevos con las implicaciones que eso tiene”.

El Vicefiscal aclaró que no está en contra del proyecto de ley pero insistió en que es necesario que los congresistas escuchen los argumentos que tiene la Fiscalía frente a las iniciativas que allí se presentan. El funcionario les pidió a los legisladores que “en estas discusiones sobre temas penales, por favor nos escuchen”.