Endurecer las penas a los empresarios y funcionarios cuya negligencia genere accidentes de trabajo, es el objetivo de un proyecto de ley que están preparando los senadores Alexander López y Alberto Castilla, ambos del Polo Democrático.
El anuncio lo hizo López durante una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos realizada este jueves en el Capitolio Nacional.
En dicha audiencia, el senador López, que preside la Comisión, acordó con el Ministerio de Trabajo realizar tres mesas regionales para solucionar las quejas de los trabajadores sobre la violación a la seguridad social, enfermedades laborales y seguridad industrial.
López aseguró que se deben buscar mecanismos que endurezcan las sanciones contra las empresas del sector privado y público que están violando la Ley y están generando que en Colombia se presenten 615.000 accidentes de trabajo por no cumplir la norma.
Agregó que “la próxima semana vamos a radicar con el senador Castilla un proyecto de ley para incrementar las penas a los empresarios y funcionarios públicos que por acción u omisión están generando la muerte de 604 personas el año pasado y que ocasionaron un aumento del 24 por ciento en los accidentes laborales, además de corregir el hecho que 15 millones de colombianos no tienen seguridad social porque están tercerizados o porque no se cumple la Ley porque las sanciones son muy bajas”.
Una de las denuncias graves que se presentaron en la audiencia fue la presentada de Aníbal Pérez, quien manifestó que existen hechos de corrupción con la Junta Regional de Calificación de Invalidez en regiones como la Costa Atlántica, “donde se califica para favorecer a los empresarios”. Sobre esta denuncia el senador López dijo que efectivamente la Comisión de Derechos Humanos del Senado se ha podido detectar que sí existen problemas en algunas Juntas Regionales de Calificación, como la de Neiva.
Por su parte el trabajador Jhon Carlos Nincon, del sector petrolero, denunció en la audiencia que existen funcionarios del Ministerio de Trabajo que están aliados con empresarios a los que tienen que investigar por la violación de los derechos laborales y a los cuales no sancionan porque son sus aliados.
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