Debido a una declaración suministrada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt el viernes a La W, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el representantes por Antioquia, Julián Bedoya, del Partido Liberal, radicó una solicitud para que esa célula legislativa asuma de manera oficiosa una investigación en contra del fiscal Eduardo Montealegre y de los magistrados Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio.

El objetivo de la solicitud de Bedoya, según explicó a través de un comunicado, es establecer si estos altos funcionarios incurrieron en un hecho punible o una falta disciplinaria. A esta solicitud se le asignó el número de radicado 4411, del 24 de marzo de 2015.

Una vez se asigne al representante investigador, éste será quien determine si estos funcionarios serán citados ante la Comisión.

Versión libre de Escobar

Ante la Seccional de la Judicatura en Bogotá el exmagistrado Rodrigo Escobar rindió su versión libre dentro de las investigaciones que se adelantan por presuntas irregularidades suscitadas por el escándalo de un presunto soborno y favorecimiento de la tutela de Fidupetrol.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, el magistrado Pretelt ha sido acusado de recibir sobornos para cambiar sentidos de sentencias. El jurista ha dicho que él no recibió los 500 millones de pesos que alega el abogado Víctor Pacheco para reversar una tutela fallada por la Corte Suprema de Justicia en contra de Fidupetrol. Como prueba alega que la ponencia del sustanciador Mauricio González confirmó lo sentenciado por la Corte Suprema, sentido que fue apoyado por él y que finalmente quedó en firme: que Fidupetrol debía pagarle 22.500 millones de pesos al departamento de Casanare.

En la diligencia de ayer también estaba citado el abogado Pacheco, quien no se presentó pero envió a su representante legal para posteriormente decretar las pruebas dentro de las investigaciones que se adelantan en su contra. La Judicatura reprogramó para el 17 de abril la diligencia con Pacheco.

Sin visa

Ayer el magistrado Pretelt anunció que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa, asegurando que es parte de una persecución del Gobierno y del fiscal Montealegre.

"Gobierno y Fiscal me persiguen sin misericordia. Me hacen cancelar visa a los Estados Unidos. No renunciaré", manifestó.

De otra parte, Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt, le envió una carta a Montealegre anunciando que abandonará el país por varios días debido a que la salud de su hija se ha visto afectada por el escándalo y que por lo tanto no podrá asistir al interrogatorio al que había sido citada y que estaba programado para el viernes. Patrón solicitó reprogramar la diligencia “para después del 13 de abril”.

Reforma judicial

El Directorio Nacional Conservador (DNC) se reunió con un grupo de prestigiosos juristas y exmagistrados para estudiar salidas a la  crisis judicial.

Entre los asistentes estuvieron los exmagistrados Jaime Arrubla, Hernando Yepes, Rómulo Gonzáles y Augusto Ibáñez, así como el excomisionado de paz Camilo Gómez.

Tras la reunión, el presidente del DNC, David Barguil, anunció que se le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos proponiendo que convoque un “acuerdo nacional para salvar la justicia en Colombia” que vincule a distintos sectores como la academia, los partidos políticos, miembros de la administración de justicia y representantes de la sociedad civil como “el mejor escenario para plantear las reformas de fondo que hoy tanto necesita el país”.

La misiva plantea que como punto de partida del acuerdo se le abra paso a una Corte Constitucional de Excepción, corporación que “debe alejada de cualquier interés político y deberá estar integrada por personas de las más altas calidades, no solo profesionales, sino éticas y morales”, precisó Barguil.

Tiempo de decisiones

"Este es el momento de preservar las instituciones, no colapsarlas. Algunos quieren pescar en río revuelto a partir de una conducta de un magistrado de la Corte Constitucional". Con estas palabras, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, exhortó a las ramas del Poder Público y los ciudadanos a avanzar en el debate sobre la preservación de las instituciones y defender los derechos de los ciudadanos en la reforma al equilibrio de poderes que comienza su segunda vuelta en el Senado.

El ministro explicó que independientemente de la conducta de un magistrado, que está siendo investigada por los organismos correspondientes, es necesario avanzar en las reformas que se necesitan para acercar a la justicia a los ciudadanos y no hacer más comisiones de expertos para detectar las fallas.

"Es el momento de las decisiones y las reformas, no de las comisiones", sentenció Cristo.

"Ya sabemos que funciona mal, ahora hay que avanzar sobre lo que se puede reformar: Congreso y justicia con credibilidad en la ciudadanía. Democracia con régimen presidencial, pero evitando la perpetuación de los altos funcionarios que tente al abuso del poder", indicó el ministro.

Durante la instalación del foro 'Equilibrio de poderes, reforma electoral y Paz', organizado por la Universidad Sergio Arboleda y la Registraduría, el ministro reiteró que el acto legislativo que avanza en el Congreso varios de los problemas del sistema judicial, a través, por ejemplo, de la eliminación de la Judicatura y poniendo a tecnócratas y no a magistrados a administrar la rama.