Que el secretario general de la OEA sea informado del descubrimiento de la Fiscalía de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, por la cual el Estado colombiano fue condenado en 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió el presidente Santos a su canciller.

"Al parecer, más de la mitad de las supuestas víctimas que aparecen en la sentencia que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado están vivas o no murieron en la mencionada masacre, y están recibiendo cuantiosas indemnizaciones basadas en la mentira y el fraude procesal", dijo el presidente.
"He pedido a la canciller (María Angela Holguín) que informe oficialmente de estas revelaciones al secretario general de la OEA para que se ponga el tema en la agenda de la próxima reunión de cancilleres", añadió el mandatario.
Afirmó que estas acciones son un acto de corrupción, donde no sólo se trata de un fraude -cometido por las falsas víctimas y sus abogados-  al Estado, sino que es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos.
“Es triste que situaciones como éstas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo.
Agregó que “además, se confirma lo que mucha gente venía diciendo respecto a que hay intereses oscuros, intereses económicos, que utilizan dicho sistema, que hacen burla de él, para lucrarse a costa de los recursos públicos del Estado, que son los recursos de los ciudadanos”.
Santos se refirió así  al anuncio de la Fiscalía colombiana, que el miércoles aclaró que nueve de 26 víctimas de la masacre de Mapiripán, cometida por paramilitares en 1997, en realidad no murieron allí o siguen vivas.
En 2005, la CIDH condenó al Estado colombiano a reparar a las familias de 26 personas que fueron asesinadas por paramilitares de extrema derecha en el mencionado municipio.
El número de víctimas de esa masacre se estableció con las declaraciones que brindan a la Fiscalía ex integrantes de las  Autodefensas, que para obtener beneficios judiciales deben confesar sus delitos y reparar a las víctimas.
Por su parte el Procurador, Alejandro Ordóñez, dijo que “son conductas propias de bandas criminales" y destacó que “este no es el único caso ya que en  hay  varios en los que han estafado al Estado colombiano con conductas como esas”.
El procurador general confirmó que se adelantarán las investigaciones disciplinarias del caso y solicitó lo propio en la parte penal, señalando que integrantes del colectivo de abogados José Alvear podrían haber incurrido en los delitos de fraude procesal, falsedad y falsedad testimonial al haber representado a falsas víctimas de la masacre cometida por paramilitares en Mapiripán.    
“Es necesario decir, sin ambages, con toda claridad, que conductas como las conocidas son propias de bandas criminales especializadas en estafar al Estado colombiano”, aseguró.
Ante estos hechos, el procurador pidió al Gobierno Nacional que intervenga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que revise la decisión de ordenar al Estado el pago de millonarias indemnizaciones.