Por haber  participado, al parecer, de la manipulación de la escena del crimen, ante una juez de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía acusó de manera formal a los coroneles de la Policía Nelson de Jesús Arévalo y José Javier Vivas, implicados en la muerte del grafitero en Bogotá, Diego Felipe Becerra.

Los oficiales fueron acusados de los delitos de fraude procesal, favorecimiento al homicidio y porte ilegal de armas agravado, mientras también fue acusada la señora Nubia Mahecha, por los delitos de falso testimonio, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y favorecimiento al homicidio.

La mujer se encuentra implicada por haber suministrado falsa información junto con su esposo Jorge Eliécer Narváez, sobre un presunto asalto en el que habría participado el joven muerto.

Los oficiales son investigados por su aparente participación en la manipulación de la escena del crimen, en donde murió en extrañas circunstancias el grafitero en el norte de la ciudad, la noche del 19 de agosto de 2011.

El fiscal delegado en el caso, aseguró que cuenta con las suficientes pruebas para demostrar que en la escena del crimen fue implantada un arma, con el fin de hacer pasar a Diego Felipe como un delincuente.

El funcionario judicial añadió además que los oficiales sí tenían conocimiento de la muerte del joven y agregó que a pesar de ello, habrían intentado desviar las investigaciones para favorecer al patrullero de la Policía Wilmer Alarcón, quien fue la persona que le disparó al grafitero.

El fiscal aseguró que los uniformados están involucrados de manera directa con el proceso, tras ordenar que se realizara un "pacto sepulcral", con el fin de que no se conociera la verdad y con la consecuencia de que la persona que suministrara algún tipo de información, sería asesinada.

“La intención no era otra de crear un perfil criminal al joven Diego Felipe Becerra para justificar la acción del patrullero Wilmer Alarcón”, manifestó el operador judicial.

Por su parte, Miryam Pachón, abogada de los familiares de Becerra, indicó que le solicitará al Consejo Superior de la Judicatura que le compulse copias al abogado Jaime Gutiérrez, quien defiende al patrullero de la policía Wilmer Alarcón, por los múltiples retrasos injustificados que se han presentado a lo largo del proceso.

De acuerdo con la abogada Pachón, han pasado más de dos años y medio sin que hasta la fecha se haya logrado iniciar el juicio contra el policía, quien es el principal sospechoso de la muerte del joven.