Tras las recientes decisiones de la Fiscalía y la justicia ordinaria en torno a las anomalías que se registraron durante el gobierno pasado en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el turno de tomar decisiones es para la Corte Suprema de Justicia, que tiene abierta una investigación preliminar a 12 congresistas y excongresistas.

Es así como se espera que se resuelva la situación jurídica de los congresistas Myriam Paredes, Óscar Fernando Bravo, Hernán Andrade, Álvaro Ashton Giraldo, Héctor José Ospina Avilés, Ómar Yepes Alzate, Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Cáceres Leal, Enrique Rafael Caballero, Miguel Pinedo Vidal, Cristóbal Rufino Córdoba y Lucero Cortés Méndez.En el proceso, el tribunal absolvió en mayo de 2012 a Eduardo Enríquez Maya.

Fuentes cercanas a la investigación afirman que la falta de pruebas contundentes y la dificultad para analizarlas en lo que hace referencia a los movimientos contables de los investigados, han sido el mayor problema.

Además, no es fácil comprobar que se presentó un tráfico de influencias de parlamentarios ante la DNE para que a allegados suyos les fueran entregados, como depositarios, bienes decomisados a las mafias. “… Una cosa es tener un listado de los congresistas que iban a la DNE y otra muy distinta derivar de ese hecho una actitud delictiva automática”, precisó una alta fuente judicial a EL NUEVO SIGLO. “… Hay distintos elementos en juego y no se puede meter a todos los parlamentarios en el mismo costal”, agregó.

Recientemente, el fiscal General Eduardo Montealegre dijo que gracias al aumento de agentes del CTI se espera que el proceso tome impulso en lo relacionado con las pesquisas sobre los parlamentarios.

“Uno de los planes es que esta duplicación de investigadores esté destinada a impulsar los casos, como por ejemplo la eventual responsabilidad de parlamentarios en caso de la DNE”, precisó el Fiscal.

Varios de los parlamentarios que han sido señalados por este caso, han expresado su inocencia y su disposición a declarar ante los jueces.

Es el caso de la senadora conservadora Miriam Paredes, quien en su momento señaló que confiaba “en la Corte Suprema de Justicia, que es mi juez natural. Sé que se harán las investigaciones correspondientes para establecer la verdad de los hechos”.

Por su parte, Hernán Andrade, también del Partido Conservador, ha dicho que no tiene nada que ver. “No hubo tráfico de influencias ni algún favorecimiento para un familiar”, precisó el parlamentario huilense.

En el mismo sentido se ha referido el senador liberal Álvaro Ashton. “Mi único contacto con los bienes de extinción de dominio administrados por la DNE ha sido a través de los debates de control político que he hecho, en defensa del patrimonio público”, dijo el parlamentario tiempo atrás.

Los ex directores

En las audiencias de la semana pasada el Juez 37 de Garantías de Bogotá envió a la cárcel al depositario provisional de la DNE, Camilo Bula, mientras le imputó ocho cargos al ex director de la entidad, Carlos Albornoz, a quien se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento.

El año pasado a otro exdirector de la DNE, Omar Figueroa, le fue otorgada la detención domiciliaria, mientras que a los abogados Jairo Corral Romo, exasesor de la DNE, y a Luis Agreda Martínez les fue dictada medida de aseguramiento.

Las denuncias sobre los malos manejos las hizo el exdirector de la entidad, Juan Carlos Restrepo, quien a su llegada a la DNE, en el arranque del Gobierno Santos, encontró graves irregularidades.

Tras las revelaciones, el Gobierno decidió liquidar la entidad por medio de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al presidente Santos para reorganizar la composición del Estado.

El Mandatario indicó que el Ministerio de Justicia asumiría parte de las funciones de la entidad liquidada y que los bienes incautados pasarían a ser manejados por una institución que depende del Ministerio de Hacienda.

Al firmar el decreto mediante el cual se liquidaba la entidad, el Jefe de Estado dijo que “… para el país no es ninguna sorpresa los problemas que se han venido acumulando en esa entidad, problemas de toda índole que tienen que ver con la corrupción, que tiene que ver con la ineficiencia administrativa y que tiene que ver también con la lucha contra el narcotráfico”.