Organizaciones no gubernamentales y movimientos de derechos humanos consideran irrespetuosas las declaraciones de Villegas, según las cuales, en algunos casos las muertes de estas personas son por líos de faldas.
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Aunque el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quiso bajarle el tono a las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre las causas de las muertes de los líderes sociales, existe profundo malestar entre organizaciones sociales y de derechos humanos. Las palabras de Villegas al señalar que los crímenes de líderes sociales se presentaban en algunos casos por líos de faldas, fueron rechazadas.
El padre Alberto Franco, de la comisión inter-eclesiástica de paz y quien es vocero de los líderes del Chocó, dijo que la afirmación de Villegas es irresponsable y no refleja la condición de riesgo de esta población.
"Es una declaración profundamente irresponsable y se hace responsable él de lo que pase por ejemplo con los más de 200 líderes del Bajo Atrato y Urabá chocoano", señaló Franco.
Irrespeto
Por su parte, Gerardo Vega, dijo que las declaraciones del Ministro se pueden considerar como un irrespeto a la vida de los líderes sociales. "No es seria esa postura, es desconsiderada con las víctimas, es irrespetuosa", indicó Vega.
Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, evitó referirse al tema y afirmó que lo importante en este momento no es entrar en controversias. "Este gobierno tiene una gran preocupación por los asesinatos de los líderes. Por eso estamos trabajando en su protección. Nos parece que en este momento lo importante no es entrar en controversia sobre si existe o no sistematicidad. Lo importante en este momento es garantizarles su protección. Queremos expresarles que nos preocupa mucho su situación y que vamos a trabajar por protegerlos", sostuvo Rivera.
En el mismo sentido dijo que el Gobierno se atiene a la información que brinda la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que da cuenta de que, en lo que va de 2017, han asesinado a 64 líderes sociales.
La Corte
Asimismo, la Corte Constitucional se pronunció y llamó la atención del Gobierno al señalar que no cumplió con las medidas exigidas para la protección de estas minorías, como los afrodescendientes, las comunidades indígenas y los desplazados.
En efecto, la Sala Especial de Seguimiento encontró que pese a las actividades que se han puesto en marcha para la atención, asistencia y protección de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, “se advierten deficientes planes, pobres ejecuciones y resultados parciales y limitados”.
Desplazados
La semana pasada, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió cómo unas 209 personas han sido desplazadas de sus hogares, el pueblo de Magüí Payán del departamento de Nariño, ubicado en el suroeste de Colombia.
El desplazamiento masivo inició el 29 de noviembre causado por un fuerte enfrentamiento de actores armados ocurrido el 27 de noviembre. Los violentos siguen en la zona y ejercen control social. Los habitantes tienen miedo de nuevas provocaciones.
Hasta el martes pasado habían llegado a la cabecera municipal unas 138 personas (42 familias) sumándose a las 71 desplazadas inicialmente. El censo registra un total de 209 personas (49 niñas, 45 niños, 60 mujeres y 55 hombres) pertenecientes a comunidades afrocolombianas.
La emergencia no solo ha causado desplazamiento, también confinamiento: algunas familias no pueden moverse de sus casas por la falta de seguridad. La alcaldía municipal estima que aproximadamente 1.200 personas continúan con restricciones a la movilidad.
Muchas personas en situación de desplazamiento han tenido que gestionar sus propios albergues en casas de familiares y amigos. Otras se encuentran durmiendo en la Institución Educativa Liceo Payán, según explican las autoridades locales,
La Alcaldía dice no tener los recursos suficientes para continuar con la atención a la población afectada y ha identificado necesidades en seguridad alimentaria y nutricional, agua y saneamiento básico, salud mental y física. Solicita apoyo con kits de alimentos, hábitat, aseo y de cocina.
Los indígenas
De otra parte, la secretaria técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Colombia, Ginny Alba, presentó un informe donde se indica que 51 indígenas han sido asesinados entre 2016 y 2017 en el país.
La integrante de la organización destacó que 24 de los homicidios sucedieron durante 2016 y que 27 se registraron del 1 de enero al 31 de octubre de 2017.
Alba manifestó que 5.607 miembros de los pueblos indígenas fueron desplazados de sus territorios durante 2016 y que las cifras de 2017 indican que van 3.366 integrantes de las comunidades originarias que han sido obligados a salir de sus hogares.
La Secretaria afirmó que los departamentos desde donde más indígenas fueron desplazados en los últimos dos años fueron Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia y Putumayo.
La funcionaria destacó que cuatro indígenas fueron víctimas de desaparición forzada en 2016 y siete en los 10 primeros meses de 2017, y aseguró que las comunidades originarias sufrieron 10.151 hechos violentos.
La integrante de la Comisión también denunció excesos de la Fuerza Pública en las manifestaciones de indígenas y aseguró que se llevaron a cabo acciones con “armas letales que no están en el uso privativo de la Policía en el marco de la protesta social”.
Diálogos
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia, Todd Howland, aseguró que es necesario que se les ofrezca seguridad a los indígenas desde el Gobierno de Colombia y manifestó que hay intereses políticos que impiden la atención a las comunidades originarias.
Howland también pidió que los reclamos de los indígenas se traten por medio del diálogo en vez de paros y le pidió al Gobierno que cree los canales para atender a las comunidades que acuden a las vías de hecho como un acto de desesperación.
“Es muy triste esta información. Sin embargo este documento con recomendaciones da esperanza de que habrá soluciones a estos problemas”, aseveró Howland.
El informe indica que las organizaciones armadas ilegales con actividad en los territorios con presencia de indígenas son el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de la guerrilla desmovilizada de las Farc, el ‘Clan del Golfo’, las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas y los grupos sucesores del paramilitarismo en Colombia.
Las cifras del informe de la Comisión se basan en el Registro Único de Víctimas de Colombia. Los pueblos indígenas suman en el país más de 1.392.000 integrantes y el informe indica que representan el 2% de las víctimas del conflicto colombiano.
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