Los uniformados a los que la Procuraduría les formuló pliego de cargos por su participación en la Operación Andrómeda, fueron retirados del servicio, aseguró el Ejército en respuesta al Ministerio Público.

La Operación Andrómeda, como se recordará, se adelantaba desde un local en el sector de Galerías en Bogotá, en cuyo primer piso funcionaba un restaurante que venía ‘corrientazos’.

Desde allí se realizaban seguimientos ilegales de correos y conversaciones electrónicas de dirigentes de izquierda, ONG e integrantes de la comisión negociadora de paz Gobierno con las Farc.

El local funcionaba con equipos con tecnología de punta y despertó sospechas por el continuo ingreso de uniformados.

De acuerdo con las autoridades, del funcionamiento de la sede era ilegal y en otras ciudades del país habrían sido establecidos otros locales.

La Procuraduría anunció el miércoles que formuló pliego de cargos en contra de tres miembros del Ejército, vinculados a la Operación Andrómeda por presuntas irregularidades con la supuesta venta de información de carácter secreto del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional, a Andrés Sepúlveda, conocido como “el hacker del proceso de paz”.

La Delegada para las Fuerzas Militares “adelantó averiguaciones en ejercicio del poder preferente y vinculó al Mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, comandante de la Operación Andrómeda, el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace entre la Central de Inteligencia Técnica y el GAHD y al cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, miembro de la Operación”.

El ente de control tuvo en cuenta la información de las diligencias que se iniciaron al interior las FF.MM. y las declaraciones de Sepúlveda el 15 de agosto de 2014, acerca de la presunta compra de base de datos del GAHD, información de seguridad nacional con datos de desmovilizados, obtenida por el suboficial Moreno Montes de manera indebida, por la que “al parecer recibió de manera indirecta remuneración económica por la venta de la misma”, falta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

“La Procuraduría también pudo establecer que en cuanto al suboficial Betancur Sánchez, al parecer fue señalado por el hacker como quien le ofreció la venta de cien correos electrónicos que pertenecían a personas que se encontraban en la mesa de negociación de La Habana y software para el monitoreo de teléfonos celulares, información por la que recibió contraprestación económica, conducta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo”, según indicó en un comunicado.

De igual manera, el Ministerio Público formuló cargos contra el oficial Guerrero Herrera por posible incumplimiento a sus deberes y funciones, porque al parecer no ejerció control sobre los suboficiales a su cargo y presuntamente permitió desarrollar, utilizar y ofrecer en venta herramientas e información de carácter reservado para la seguridad nacional, vulnerando con ello los deberes y obligaciones que todo servidor público debe cumplir, falta calificada provisionalmente como grave a título de culpa

Así mismo, la Procuraduría archivo las investigaciones realizadas a favor del capitán Manuel Alexander Betancur Montoya, del cabo segundo Yessid Aramis Cáceres y del cabo tercero Michael Steve Beltrán Durán.

Ayer el comando del Ejército, a través de un comunicado, indicó que “en referencia a la comunicación difundida por la Procuraduría General de la Nación, donde informan sobre la formulación de pliego de cargos a tres miembros de la Institución, vinculados a la denominada Operación Andrómeda, este Comando se permite comunicar que acata la medida proferida”.

Agregó que el Ejército ha apoyado y continuará apoyando cualquier requerimiento del ente de control, como parte de su política de transparencia y de cero tolerancia a hechos cometidos por miembros de la institución que van en contra de los principios, valores y de la ley.

“En el caso del personal cobijado con esta medida, el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, no es miembro activo de la Institución, fue retirado por facultad discrecional de la Fuerza a partir del 11 de febrero de 2015”, indicó la Institución.

Y añadió que “la misma decisión tomó la Institución en el caso del cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, retirado por facultad discrecional el 15 de enero de 2015”.

Sobre el cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, “la Institución tomará las medidas pertinentes a lo que ordena la Procuraduría General de la Nación”.