El objetivo del Gobierno de construir un millón de viviendas en cuatro años, está avanzando a pesar de inconvenientes en algunas regiones como Bogotá.

No en vano, el Presidente Juan Manuel Santos ha reiterado que el compromiso del Gobierno Nacional en la construcción de viviendas representa un aumento del 80 por ciento frente al cuatrienio anterior.

Dentro de esta política, el avance en el aumento en Vivienda de Interés Social (VIS) es significativo ya que el incremento será del 124 por ciento.

Es por ello que para cumplir con este objetivo, el Gobierno diseño una estrategia para que la vivienda de interés social llegue a todos los colombianos. De un lado, está construyendo 100 mil casas gratis y por otro lado avanza con los subsidios a las tasas de interés a por lo menos 140 mil construcciones. Estos son los vagones principales con los que está jalonando la locomotora de vivienda.

Sin embargo, tanto por la cantidad de construcciones que quiere levantar el Ejecutivo como por los ingentes recursos que deberá utilizar para cumplir con la meta, queda en el aire si este proyecto es viable en los dos años que le quedan de Gobierno.

Por una parte, el objetivo del Ejecutivo ha encontrado no solo el respaldo total del sistema financiero que será el encargado de respaldar la financiación de los proyectos, sino del Congreso que como se recuerda aprobó en tiempo récord la nueva ley de vivienda.

Asimismo, el Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, con el presidente firmó el decreto que reglamenta la Ley de Suelo Urbanizable, expedida en diciembre del año pasado y que pone en marcha los macroproyectos de Vivienda de Interés Social de segunda generación.

Cumplimiento

En declaraciones a algunos medios, el Ministro Vargas Lleras dijo que el objetivo del Gobierno es cumplir cuanto antes con las 100 mil viviendas gratis y se comprometió a que en julio de este año estarán listas, debido a que ha encontrado respaldo de los alcaldes de las principales ciudades para los terrenos donde se edificarán, menos en Bogotá que es la ciudad que más problemas tiene de unidades de vivienda y de empleo.

Frente a los proyectos de vivienda gratis y subsidiada, hay varias posturas que advierten sobre los riesgos que puede dejar esta política.

Sobre las metas del Gobierno en vivienda, el analista de la Universidad Nacional, Bernardo Ramírez, dijo que “el objetivo del Gobierno no es consecuente con la realidad del país, sobre todo en la utilización de la tierra para construcción que es muy escasa y segundo en la forma como se van a obtener los recursos”.

El investigador sostiene que “lo que no me cuadra es dónde van a conseguir terrenos baratos si hoy los constructores se quejan de que por ejemplo en Bogotá la tierra está cara y por eso deben trasladar esos costos a los compradores de casas y apartamentos. Por otro lado  no se sabe de dónde va a sacar el Gobierno por lo menos 5 billones de pesos que vale toda la programación de vivienda, tanto las que se regalarán como las que serán subsidiadas en sus tasas de interés”.

Por su parte, el analista Armando Montenegro en un detenido análisis sobre el desarrollo de la política de vivienda, ha manifestado que “se debería exigir, en primer lugar, que los constructores dieran una garantía de estabilidad y calidad de las viviendas por un plazo mínimo de tres años. El gobierno y, sobre todo, los beneficiarios del subsidio deben tener la seguridad de que los constructores responderán por cualquier falla en la estructura, mampostería, acabados y funcionamiento de las instalaciones de las viviendas. Hay que impedir que se repitan los casos de viviendas dañadas, agrietadas o inservibles, ante los cuales las familias receptoras no han tenido mecanismos de defensa y protección”.

Indica que “se debería revisar, en segundo lugar, la prohibición de que las viviendas de interés prioritario se puedan vender o arrendar durante diez años después de adjudicadas. Quienes defienden esta medida plantean que sin esta prohibición, los pobres venderían su casa o apartamento, se feriarían el dinero y retornarían a la miseria. Señalan, en otras palabras, que los pobres deben ser protegidos por la Ley de su falta de responsabilidad”.

Sin embargo, esta política está en plena ejecución y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras es el principal convencido que se van a cumplir los objetivos de vivienda para este año.

El empleo

Por otra parte, el gran aporte que proporciona el sector de la construcción a la generación de empleo en el país es significativo. Solo en Bogotá, donde ha caído la actividad constructora, se han perdido cerca de 42 mil empleos el año pasado.

Según el DANE, el empleo en el sector edificador cerró en diciembre de 2012 con un crecimiento de 2,9 por ciento, lo que significa que el número de ocupados en la construcción es de 1´284.000 personas. Esta cifra además representa un crecimiento frente al nivel de ocupación registrado en el mismo mes del año anterior.

A pesar de que se observa una desaceleración respecto al ritmo de crecimiento del empleo sectorial que se registraba en 2011, la actividad cerró el año con una recuperación importante respecto al comportamiento durante el segundo y tercer trimestre y una participación en el total del empleo nacional de 6.1 por ciento.

En Bogotá y Cali el crecimiento del empleo sectorial para este trimestre presentó resultados negativos del 7 por ciento y 3 por ciento respectivamente.  Por otra parte, ciudades como Medellín, Cartagena y Barranquilla registraron crecimientos importantes de 18,2 por ciento, 13,8 por ciento y 12,4 por ciento respectivamente, mostrando una dinámica muy positiva en el ritmo de crecimiento de la ocupación en la construcción durante el último periodo del año.

Tasas de interés

Para la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “aunque las restricciones que se observan en Bogotá tienen un peso importante en el resultado de la cifra de empleo (-7 por ciento), el buen comportamiento de la actividad en otras regiones del país hace que la locomotora de la vivienda siga en marcha hacia el cumplimiento de las metas para la disminución del déficit de vivienda y la generación de empleo”.

Por otra parte, la dirigente gremial dijo que la reducción de 25 puntos en la tasa de interés de referencia realizada en enero por el Banco de la República es una clara señal de impulso a la economía del país, la cual se traducirá en mejores condiciones de acceso al crédito para  el consumidor colombiano.

Para Forero Ramírez, esta reducción permitirá tener un menor costo de crédito para el sector productivo, lo que representa un incentivo para que los empresarios puedan hacer mayores inversiones y nuevos desarrollos.

Para el sector constructor, el efecto directo será la reducción en el costo del crédito hipotecario. Aunque este proceso toma algunos meses para ser percibido en el mercado de forma plena, su impacto permitirá  dinamizar las ventas de vivienda nueva en el país.

Adicional a las medidas adoptadas por las autoridades económicas para controlar el fenómeno de revaluación, esta reducción de la tasa de interés ayudará a moderar el proceso de apreciación de la tasa de cambio, factor clave para  impulsar la industria y potencializar  las exportaciones.

 

La disputa Petro-Vargas Lleras

Laexpedición del Decreto 075 del 2013, que reglamenta el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y renovación urbana, fue el florero de Llorente que provocó el tira y afloje entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras.

El Ministro explicó que les corresponde a los concejos municipales, en los Planes de Ordenamiento Territorial,  POT, que regirán en los próximos 12 años, establecer  los porcentajes de suelo urbanizado que se les exigirán a los constructores para impulsar el desarrollo de la vivienda para los más pobres, porcentajes que no pueden ser inferiores al 20 por ciento. Esta exigencia legal existe desde el año 97 y fue reforzada por la Ley de Vivienda gratuita, promulgada en 2012.

De otra parte, las normas buscan que los municipios regulen, en ejercicio de su autonomía, las condiciones arquitectónicas de la VIS y  de la VIP, para evitar los falsos proyectos de Vivienda de Interés Social.

Igualmente, con el Decreto 2729, se les entregan a las entidades públicas instrumentos para congelar los precios del suelo en los procesos de compra de predios para ejecutar obras de acueducto, alcantarillado, carreteras, viviendas…

Con estas normas, explicó Vargas Lleras, el Gobierno cree que se habilitará suelo, como mínimo, para 500 mil soluciones de vivienda.

Vargas Lleras dijo que es falso que el Gobierno Nacional esté prohibiendo proyectos de renovación urbana para Vivienda de Interés Prioritario. El artículo 8 del Decreto 075 expresamente dice que la norma rige para VIS y/o VIP, en los porcentajes que determinen los concejos.

Ni la administración, ni el concejo municipal de Bogotá, pueden desconocer la Ley 388 de 1997 ni la Ley 1537 de 2012.

Por su parte, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro argumenta que el decreto intenta pasar por encima del Plan de Desarrollo de Bogotá.

“Ese decreto favorece a los propietarios de suelo y afecta la posibilidad de mejorar la localización de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP)”, dijo el burgomaestre.

Señala que “como es conocido, una de las principales apuestas del Plan de Desarrollo de Bogotá  es la localización de VIP en el llamado Centro Ampliado. Sin embargo, y desconociendo abiertamente la autonomía municipal  en materia de reglamentación de los usos del suelo, el Ministerio de Vivienda establece en ese Decreto que en renovación urbana se podrá construir VIS (vivienda entre 71 y 135 salarios mínimos)  pero no VIP (de menos de 70 salarios mínimos). Es decir, que los hogares más pobres seguirán confinados a las zonas alejadas, con problemas de movilidad y de exclusión social”.

 

PIB de la Construcción

El Producto Interno Bruto  del sector de la construcción decreció 12,3 por ciento, en el tercer trimestre del 2012, informó el DANE. Esta cifra es en relación con la registrada a la del mismo periodo del 2011 y obedece a las disminuciones del subsector de obras civiles (14,6 por ciento) y al subsector de  edificaciones del (10,5 por ciento).

Asimismo, las licencias de construcción2 aprobadas disminuyeron (7,8 por ciento); el área nueva o iniciada obtenida a partir del Censo de Edificaciones registró una disminución de (6,1 por ciento), respecto del mismo período del año anterior.

El área licenciada para vivienda disminuyó (15,5 por ciento); de igual manera, el área nueva para el mismo destino, obtenida a partir del Censo de Edificaciones, cayó (6,9 por ciento).

 El área nueva para Vivienda de Interés Social, registró una disminución de (28,4 por ciento) y la Vivienda diferente de Interés Social un incremento de (2,7 por ciento) en el área iniciada y el área licenciada para el mismo tipo de vivienda, disminuyó (15,9 por ciento).

 En los doce meses hasta septiembre del año pasado, el área licenciada cayó 22,5 por ciento, en tanto el área nueva en proceso acumulada obtenida a partir del Censo de Edificaciones, presentó un aumento de (10,5 por ciento).