Un total de cinco candidatos se inscribieron para participar en la elección atípica de Gobernador de Casanare, comicios que se celebrarán el domingo 16 de junio de 2013.
Los aspirantes inscritos son Jorge Eliécer Prieto, avalado por el Partido Verde; Alirio Guzmán, por la coalición de los partidos Social de Unidad Nacional (La U) y Cambio Radical; Marco Tulio Ruiz, por la controvertida Asociación de Afrocolombianos para la Vivienda, Deporte, Educación y Salud (Afrovides); Osbaldo Cáceres, por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); y Arcadio Benítez, por el Polo Democrático.
Nelson Ricardo Mariño, elegido el 30 de octubre de 2011 con aval de Afrovides fue destituido por la Procuraduría que lo inhabilitó por 14 años al incurrir en irregularidades al haber utilizado la figura de convenio de cooperación para eludir el proceso licitatorio.
Mariño tiene seis investigaciones, entre ellas por corrupción y enriquecimiento ilícito. Se le acusa de cooperar con la organización del jefe paramilitar Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, y de haber hecho urbanizaciones ilegales para conseguir votos. El verdadero hombre detrás del poder es el exgobernador William Pérez, inhabilitado en 2008 por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 20 años por, según la providencia del Ministerio Público, haber puesto su cargo al servicio de los paramilitares de Buitrago "con el propósito de promocionar, auspiciar y financiar el mismo como ‘retribución’ al hecho de que gracias a su apoyo accedió a esa dignidad".
Según investigaciones del Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, Pérez mantiene intacto su control político en el Casanare.
Mariño suscribió y permitió la ejecución del convenio de cooperación celebrado con la Caja de Compensación Familiar del Casanare (Comfacasanare) para la prestación del servicio de almuerzos escolares, teniendo en cuenta que esa entidad no tenía la idoneidad, ni la infraestructura, ni la posibilidad real para desarrollar y cumplir las condiciones y obligaciones adquiridas en el convenio, cuyo costo fue de 18.294 millones de pesos de los cuales el ente territorial aportó 17.894 millones.