Un juez de control de garantías de Riohacha impuso la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra Robinson Antonio Román Dávila y Liliana Sofía Cabas Ochoa, contratistas del ICBF, por presunto caso de corrupción.

Los detenidos deberán responder por los cargos de concierto para delinquir, para Román Dávila en calidad de autor, peculado por apropiación y falsedad en documento privado en calidad de coautores.

Es de recordar que Dávila había quedado en libertad porque su apellido había quedado mal escrito y se presentó ante la justicia voluntariamente junto con Cabas Ochoa.