Así lo señaló el presidente de la comisión séptima, el senador Antonio Correa, quien sostuvo que hasta con el ‘beneplácito’ de algunos secretarios de educación departamental del nivel central se han pagado irregularmente pensiones a maestros que ya están muertos y que nunca dieron poder a abogados, al menos así sucedió en Córdoba.

Correa se refirió al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio porque según él no es claro cuál ha sido la defensa que ha tenido a favor del Estado para evitar que a través de embargos se presionen esos pagos.

El senador habló de un cartel que se formó para hacer cobros desmedidos y para saquear las finanzas del Estado. “Cogieron a maestros que no estaban contemplados en la normatividad para esos desembolsos, se hizo el procedimiento de manera irregular y por eso se da el desangre”.

La denuncia fue hecha el pasado 23 de abril por el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo.

Según Campo “un cartel de abogados en Córdoba pretendía apropiarse de más de 450 mil millones de pesos” mediante la adquisición de poderes que les permitieran realizar las demandas al Estado.