Se repite el caso de documentación posiblemente falsa para tramitar los pagos, así como la utilización del nombre de un médico hematólogo y de un laboratorio que nunca prestaron sus servicios.
Al estilo del llamado “Cartel de la Hemofilia”, puesto al descubierto por la Contraloría General de la República y que desencadenó las investigaciones contra el ex Gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, la Secretaría de Salud de este departamento habría pagado nuevamente por supuestos pacientes de hemofilia, esta vez $1.525 millones de pesos, sin el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de recobros, y sin que mediara justificación médica que soportara los pagos.
El organismo de control estableció que el 16 de mayo de 2016 la Gobernación de Córdoba pagó este valor por 14 casos de personas que habrían sido diagnosticadas con Hemofilia y/o Enfermedad de Von Willebrand, ocasionando un presunto menoscabo al patrimonio público en la misma cuantía.
Sin embargo, no se encontraron soportes, documentos o actas del Comité Técnico Científico, ni historias clínicas en las EPS tratantes, ni ningún otro documento equivalente que justificara la realización de los pagos a la mencionada IPS.
La beneficiaria de estos pagos fue la IPS San José de la Sabana S.A.S., que ya había sido vinculada previamente al denominado “Cartel de la Hemofilia” durante la administración del entonces Gobernador Alejandro Lyons Muskus.
La Contraloría evidenció estos nuevos hallazgos en Córdoba al culminar la Auditoría que adelantó a la Gobernación del departamento, por el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, vigencia 2016.
La Gobernación pagó por 14 casos de Hemofilia a una IPS que ya había sido vinculada al Cartel de la Hemofilia https://t.co/ciHEwBfLCZ pic.twitter.com/nO7XbUlTt7
— Contraloría General (@CGR_Colombia) 6 de julio de 2017
No se cumplieron los procedimientos que requieren los recobros
La hemofilia, o la enfermedad de Von Willebrand, que son consideradas por la Organización Mundial de la Salud enfermedades huérfanas o de alto costo, por su baja ocurrencia en la población, requieren de la aplicación de un procedimiento especial para el recobro de los servicios o medicamentos excluidos del POS, con la intermediación de las ARS/EPS a las que se encuentren afiliados los pacientes afectados, incluso si la orden de pago proviene de una sentencia de tutela.
Adicionalmente, los pagos son autorizados de forma previa por un Comité Técnico Científico que evalúa la historia del paciente y verifica los medicamentos y/o tratamientos ordenados.
En el caso de la Gobernación de Córdoba, la Contraloría General de la República determinó que los pagos a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S. se efectuaron sin que mediara ninguno de los documentos requeridos, descritos anteriormente.
Además, los supuestos beneficiarios de los medicamentos y tratamientos ni siquiera se encontraban registrados como pacientes de tales enfermedades en las EPS, por lo que no existía fundamento alguno que justificara la autorización de los pagos efectuados por la Secretaría Departamental de Salud.
Pagos efectuados con documentación posiblemente falsa
La resolución 008 del 16 de mayo de 2016, a través de la cual se autorizó el pago de $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana S.A.S. fue suscrita por el entonces Secretario Departamental de Salud de Córdoba, y con base en la misma se expidió la Orden de Pago No. 3306 del mismo mes.
Dentro de la documentación soporte de los pagos, se encuentran supuestas admisiones de los pacientes, así como documentos de consulta externa y formatos de justificación de medicamentos, suscritos por un médico internista hematólogo.
Sin embargo, cuestionado el médico firmante sobre los hechos evidenciados por el equipo auditor de la Contraloría, éste afirmó que nunca ha prestado servicios ni ha tenido vínculo alguno con la IPS San José de la Sabana S.A.S.
Adicionalmente, la documentación de 12 de los 14 pacientes por los que pagó la Gobernación, incluyen supuestos resultados de exámenes de laboratorio, que corresponderían, entre otros, a Pasteur Laboratorios Clínicos de Colombia S.A., pero según certificación aportada por el laboratorio a la Contraloría General de la República en el mes de mayo de 2016, dichos documentos no fueron expedidos por el laboratorio, ni corresponden a los registros efectuados por el mismo.
Supuestos pacientes también desconocen el tratamiento
Algunos de los supuestos pacientes por los que la Gobernación pagó, al ser entrevistados por los auditores de la CGR, manifestaron no sólo que nunca han sido diagnosticados con hemofilia y/o Von Willebrand, sino que tampoco han sido sometidos a exámenes de laboratorio para verificar la presencia de la enfermedad.
Afirmaron igualmente que ni ellos, ni los miembros de sus familias, conocen la IPS San José de la Sabana S.A.S., así como tampoco ninguno de los laboratorios donde supuestamente se les practicaron los exámenes.
Hechos puestos en conocimiento de Procuraduría y Fiscalía
La no aplicación de los procedimientos, y la no verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para proceder a la autorización de los pagos, así como la no verificación de la prestación del servicio médico, habrían ocasionado una pérdida de los recursos de la salud, en cuantía superior a los $1.525 millones de pesos.
Ante la gravedad de los hechos evidenciados, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, puso los mismos en conocimiento tanto del Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, como del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, para que en el marco de sus competencias y funciones procedan con las investigaciones a que haya lugar.
Hechos similares relacionados con las vigencias 2013, 2014 y 2015, ya habían sido puestos en conocimiento tanto del Procurador como del Fiscal General, mediante oficios de los días 23 y 24 de mayo de 2016, y del 16 de junio de 2016, destacando la Contraloría tanto la celeridad como la diligencia mostrada por la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los hechos denunciados.
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