Las últimas declaraciones de un testigo estrella en la Fiscalía abrieron la posibilidad de que una gran cantidad de dirigentes políticos, empresariales y altos funcionarios o ex funcionarios terminen involucrados en el escándalo del carrusel de la contratación en la capital del país.

Al menos eso es lo que se desprende de una investigación revelada ayer por Caracol Radio,  según la cual el escándalo podría extenderse a otras administraciones distintas a las de Samuel Moreno y los tentáculos del ‘cartel’ de la contratación serían más grandes de lo que se preveía.

Aunque el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo indicó días atrás que la entidad sólo se pronunciará en este caso mediante los actos de imputación de cargos a los sindicados, la investigación de la cadena radial parte de la base de que el acuerdo de fondo al que llegó el ex presidente del Concejo Hipólito Moreno-actualmente preso- con la Fiscalía incluye que éste revele hechos anómalos que se habrían presentado durante las administraciones de Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón.

Lo cierto es que con base en las declaraciones de Moreno así como de otros testigos, considerados por la Fiscalía como estrella, se está armando un expediente muy sólido que involucra a 24 concejales y exconcejales, dos embajadores, prestigiosos empresarios y hasta a actuales altos funcionarios.

Alud de anomalías

Según Caracol radio, como parte de su acuerdo Moreno habría señalado que la interventoría de los tramos de la calle 26 de la fase III de Transmilenio le fue entregada a un recomendado del entonces personero Herman Arias durante la alcaldía de Lucho Garzón.

Según uno de los testigos estrella, deben investigarse versiones de presuntas tierras en poder de testaferros con las que se habría pagado el favor a la administración de Garzón, así como el papel de Edgar Ruiz, el gerente del Acueducto en esa administración.

Incluso Moreno confesó que se pactaron alianzas para escoger a los actuales Contralor y Personero distritales para formar mayorías y bloquear la gestión del alcalde Gustavo Petro.

Comisiones al por mayor

La Fiscalía también tiene en su poder testimonios y pruebas sobre la petición y el pago de comisiones de dinero por parte de grandes empresas contratistas, distintas a las ya conocidas en relación con el clan Nule.

La investigación de la cadena radial señala que las comisiones, “según los dos testigos clave, se pagan en todas y cada una de las obras de la ciudad. Uno de ellos sostiene que por la obra del puente de la calle 100 con 15 que estuvo a cargo de la empresa Sainc Ingenieros Constructores S.A., dirigida por Daniel Reyes, el contratista también habría sido obligado a pagar la comisión. Esta empresa está en el proyecto de la alianza público privada del Tranvía con la actual administración”.

Se agregó que “los hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte, quienes se unieron con la firma brasilera Odebrech S.A. para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas-río Bogotá (contrato que fue mencionado en la revista Semana y que involucra aproximadamente 247 millones de dólares, según el testigo), tuvo una adición del contrato para favorecer a Orlando Fajardo, señalado como uno de los principales contratistas de la Empresa de Acueducto manejada por Andrés Cardona, de quien dice la declaración habría sido el mayor beneficiado económicamente con el carrusel”.

El testigo, según Caracol, asegura que la interventoría fue adjudicada precisamente a una firma de Fajardo con empresarios mexicanos. Fajardo es, según esta versión, financiador del concejal liberal Jorge Durán Silva.

El mismo testigo estrella mencionó contratos en los que estarían las empresas Patria y Pavimentos Colombia S.A., y en los cuales habría resultado beneficiado el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Sin embargo, ayer mismo, el hoy embajador de Colombia ante la OEA negó cualquier relación con contratos anómalos.

Yuri Chillán

El mismo testigo salpicó al ex secretario general de la alcaldíaYuri Chillán. De él dice el declarante que era el hombre que se movía en varios escenarios pero, especialmente en su calidad de miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá, y con el concejal del PIN Rafael Escrucería, para repartir lo necesario que garantizara la gobernabilidad.

La entonces presidenta de la EEB Mónica de Greiff, y su esposo, el publicista argentino Miguel Palai, también son señalados por el testigo. De ello dijo que se habrían beneficiado con comisiones de diversos contratos y señala, según Caracol, la compra de tubería a través de TGI a Techint por más de 292 millones de dólares, con una comisión de 40 millones.

El testigo indicó que De Greiff llegó a tener la confianza de los hermanos Samuel e Iván Moreno por recomendación de la entonces concejal Ángela Benedetti.

También declaró el testigo a la Fiscalía, que Chillán repartía contratos de la EAAB y la EEB de 400 y 600 millones a los concejales en varios listados que le habría entregado a Jorge Enrique Pizano, gerente de la EAAB y luego al contratista Andrés Cardona, para que le diera instrucciones al gerente del Acueducto Fernando Ulloa con el fin de asignar los contratos de los concejales Escrucería; Javier Palacio de La U; y José Juan Rodríguez y Antonio Sanguino, de los verdes.

Es más, los dos testigos estrella señalaron que el contrato para la recolección de basuras que se cayó en la Corte Constitucional y que dividía a la ciudad en 6 zonas, iba a beneficiar a las cabezas del carrusel.

La distribución sería así, de acuerdo a la investigación de la cadena radial, una zona quedaría en manos del propio Chillán, otra sería para Emilio Tapia, Manuel Sánchez quien al final tuvo diferencias con la administración de Samuel Moreno y Andrés Cardona, el hombre del acueducto.

También mencionaron los testigos un frustrado negocio en San Victorino y de donde salió según las fuentes un cheque de más de mil millones a una constructora de Bucaramanga, dinero que fue devuelto días antes de la captura de Iván Moreno.

Los concejales

Según Caracol, los testimonios en poder de la Fiscalía señalan a 24 concejales y ex concejales, así: De La U: Edgar Torrado, Severo Correa, Hipólito Moreno, Orlando Parada, Javier Palacio e Isaac Moreno; Liberales: Jorge Durán Silva, Ernesto Salamanca y Ángela Benedetti (actual embajadora en Panamá); Cambio Radical: Darío Fernando Cepeda, Fernando López, Julio César Acosta, Jorge Lozada y Nelly Patricia Mosquera; PIN: Rafael Escrucería; Polo: Wilson Duarte y Fernando Rojas; Verdes: Juan José Rodríguez, Edward Arias y Antonio Sanguino; Conservadores: Omar Mejía y Soledad Tamayo. Progresistas: Diana Alejandra Rodríguez.

Embajadores

La investigación de Caracol señala que uno de los testigos indicó que Carlos Lizcano, ex director del hospital de Meissen, adicionó un contrato de dotación y la interventoría a favor de Jannet Arévalo, la esposa de Julio Gómez, a quien, además, señala de financiar con varios cheques de 100 millones a Ángela Benedetti, entonces concejal del partido Liberal y actual embajadora en Panamá.

De acuerdo con Caracol, las acusaciones de un testigo salpican a Andrés González, exgobernador de Cundinamarca y hoy embajador ante la OEA, con contratos superiores a los 100 mil millones de pesos para las construcciones de la nueva sede de la Empresa de Licores de Cundinamarca, escuelas y plazas de mercado.