El caso del contratista Julio Gómez por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá se complicó hoy luego de que la sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá, encargada de revisar la posible condena a cinco años de cárcel del cuestionado contratista rechazó la ponencia que avalaba esa negociación.

Por lo anterior, El magistrado Ramiro Riaño ahora tendrá que elaborar una nueva ponencia que podría declarar ilegal esa negociación, con lo que la Fiscalía tendría que volver a firmar un acuerdo con otra pena y con mayores garantías para las víctimas.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que en el tribunal hay fuertes cuestionamientos a los beneficios otorgados por la Fiscalía al contratista. Entre los beneficios cuestionados, está el hecho de que Gómez solo tuviera que devolver el 50% de los dineros que requerían ser devueltos al IDU.

Gómez devolvió más de 12.000 millones de pesos. Ese dinero corresponde a una comisión pagada por los Nule a cambio de la gestión de Julio Gómez ante la administración de Samuel Moreno, dentro de los supuestos acuerdos ilegales relacionados con los contratos de la calle 26. El contratista tambien entregó 12.000 millones de un anticipo por una obra con el Distrito.

Los magistrados se tendrán que reunir nuevamente para examinar la nueva ponencia y definir el futuro del preacuerdo.