Un juez de Control de garantías de Bogotá se abstuvo de enviar a la cárcel a 17 de los 22 implicados en el caso del presunto carrusel de la salud del Ejército.

De acuerdo con el juez, la Fiscalía no entregó elementos materiales probatorios suficientes para enviar a los implicados a prisión. Sin embargo los comprometidos en el escándalo continuarán vinculados al proceso.

Por otra parte, Saturia Flechas Díaz, abogada de uno de los implicados en el escándalo, expresó que a los uniformados no se les impuso medida de aseguramiento, dado que la Fiscalía no encontró pruebas suficientes.

“Se hizo una inferencia razonable del juez donde se argumentó que la fiscalía no cuenta con elementos materiales probatorios para inferir razonablemente que estos implicados fueron partícipes de alguna conducta ilícita”, afirmó Flechas.

Sin embargo, el juez dictó medida de aseguramiento en contra de 5 personas. Una bajo la figura de detención domiciliaria y 4 en centros penitenciarios.

De acuerdo con el fiscal del caso, la organización delictiva se habría apropiado de cerca de 24.000 millones de pesos mediante la elaboración de conceptos médicos y pensiones de servidores y trabajadores de las Fuerzas Militares en las ciudades de Medellín (Antioquia), Neiva (Huila) y Bogotá, entre otras.

Entre los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario el sargento primero Miguel Ángel Díaz Artunduaga, como presunto responsable del delito de cohecho propio.

De la misma manera fue llevado a prisión el sargento primero Jorge Holger Contreras Lizcano, como posible responsable de cohecho propio por considerarse que sería el encargado de informar los movimientos presupuestales de la oficina de prestaciones sociales de la institución.

De otro lado, fue remitido a un centro carcelario el sargento viceprimero Juan Carlos Peña Correa, a quien le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y fraude procesal, toda vez que sería el encargado de escanear conceptos médicos fraudulentos para las juntas médicas que aprobaban las pensiones o indemnizaciones por pérdida de incapacidades superiores al 75%.