Es inaceptable que, en un país donde muchos ciudadanos carecen de una pensión, haya decenas de personas del Consejo Superior de la Judicatura que, en tiempo récord, avanzaron en el ajuste de sus pensiones por medio de decisiones jurisprudenciales, como lo denunció la Contraloría, dijo ayer en Bucaramanga el ministro del Interior Germán Vargas.

El llamado a juicio por responsabilidad fiscal a 21 magistrados obedece a hallazgos que indican que de 2001 a 2010 fueron nombrados varios juristas auxiliares en el Consejo Superior de la Judicatura, que le generaron al país costos por encima de 13.000 millones de pesos en reajustes pensionales.

Vargas manifestó que en este caso es urgente establecer quiénes son los responsables de este carrusel para no comprometer el nombre de todos los magistrados, pero insistió en que es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado, según lo denunciado por la Contraloría.

“Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones. Ese es un derecho que hoy ningún colombiano tiene”, aseveró Vargas.

El jefe de la cartera política agregó que esta situación amerita que tomen acciones de fondo, por lo que el Gobierno Nacional viene estudiando una reforma al Sistema General de Pensiones para acabar con estos abusos en todos los niveles.

Deuda

El ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra sostuvo que será el Congreso el que defina la suerte del Consejo Superior de la Judicatura dentro del debate al proyecto de reforma constitucional a la Justicia.

“Mi posición es la que tenía el Gobierno al comienzo: yo pienso que el Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró.

El ministro Esguerra agregó que, sin embargo, “el tema está en manos del Congreso de la República. Esperemos a que se reabran una vez más las sesiones del Congreso el 16 de marzo. Vamos a ver qué impacto tienen estos episodios de la investigación que se desarrolle y qué sale de ahí”.

Tres magistrados

Con nombre propio, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Néstor Raúl Correa informó que 30 por ciento del llamado carrusel de las pensiones en esa Corporación se concentra en los juristas Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Ovidio Claros.

“En cuanto al resultado mismo de la investigación, sólo hay palabras de tristeza y desolación frente a una situación tan lamentable. La Rama Judicial debería dar ejemplo ético, porque somos los operadores de justicia. Y si da ejemplo de lo contrario, el mal es doble”, manifestó Correa.

El magistrado Correa sostuvo que el debate no debe girar en torno a la abolición del Consejo Superior de la Judicatura, pues “se ha dicho del Congreso que el 35 por ciento tenía vínculos con el paramilitarismo, y no se cerró”.

No existe

El magistrado Villarraga, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que por lo menos 90 por ciento de los auxiliares que se mencionan como pensionados con muy poco tiempo de trabajo, no solo no lo han hecho porque no cuentan con las semanas ni la edad, sino que han acumulado mucho más tiempo de labores que lo que allí se afirma.

Villarraga insistió en que esos nombramientos se han ajustado a la Ley y a las necesidades que vienen surgiendo en cada despacho, a fin de atender sus compromisos a la hora de impartir justicia.