Para Colombia, reparar a las víctimas que debieron abandonar el país por el conflicto armado se ha vuelto una carrera de obstáculos: nadie sabe cuántas son, ni dónde están y en muchos casos la ley falla en reconocerlas.

Con la paz a punto de firmarse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), ésta será una de las tareas pendientes para el gobierno, que la semana pasada anunció con la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) un acuerdo para divulgar lo negociado con la guerrilla, facilitar los retornos voluntarios y promover la reintegración.

Juan Carlos Villamizar es uno de los miles de colombianos que huyó por la violencia. Vivió 13 años en España tras recibir amenazas de muerte por participar en 2002 como miembro de la sociedad civil en el tercer intento fallido de sellar la paz con las FARC.

Hoy busca dar voz y oportunidad de reparación a otros como él, desde la Comisión de Migración Forzada, Exilio y Reconciliación, que ayudó a crear, y que reúne al Consejo Noruego para Refugiados y al Foro Internacional de Víctimas, entre otras organizaciones.

"El exilio es el hecho victimizante más grande en Colombia después del desplazamiento interno, pero (...) en la ley no existe ninguna referencia al desplazamiento forzado internacional como hecho victimizante", dice a la AFP.

Villamizar, quien dio su testimonio a los negociadores de paz del gobierno y de las FARC, calcula el número de exiliados por el conflicto entre 800.000 y 900.000, más del doble de los casi 350.000 refugiados colombianos registrados por ACNUR.

"Nadie sabe" la cifra exacta, asegura el representante de ACNUR en Colombia, Martin Gottwald, pero se estima superior a la de refugiados, porque un exiliado "sufre un hecho victimizante, pero no necesariamente tiene un riesgo de persecución en el futuro", dijo.

Otros desconocen que pueden recibir protección internacional como víctimas de un conflicto que ha enfrentado por más de medio siglo a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

- ¿Ir o no ir al consulado? -

Colombia aprobó en 2011 una ley para reparar a las víctimas del conflicto, que según sus registros ya llegan a ocho millones. En el exterior, el proceso comenzó tarde y hay inscritos poco más de 9.000: principalmente en Canadá, Estados Unidos, Ecuador y España.

Villamizar cuestiona que haya que ir a un consulado para registrarse. "Si una persona fue víctima de persecución del Estado, ¿usted cree que va a ir al consulado? Pero además, si vence ese miedo, luego existe una segunda barrera, porque hay países que te pueden quitar la condición de refugiado si pisas territorio colombiano y el consulado es territorio colombiano", señala.

El director de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería, Javier Darío Higuera, es consciente de esto, pero también destaca el esfuerzo de los 119 consulados por atender a las víctimas. Para difundir la ley de reparación en el exterior se utilizan medios locales, redes sociales, boletines, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, explica.

Además, todos los funcionarios consulares hicieron cursos para poder tomar las declaraciones -un proceso que en promedio dura tres horas por víctima- y "guiar a las personas para que su relato cumpla con los condicionamientos que se exigen", a la vez que se "mantienen independientes" de sus dramas, agrega.

Sobre los refugiados, Higuera dice que la Cancillería ha contactado a otros gobiernos para "aclararles que no debe haber ninguna incompatibilidad entre su estatus y la aplicación de la ley de víctimas".

No obstante, reconoce otros "obstáculos", como la falta de "recursos suficientes" para difundir la ley y que la víctima "no tenga una respuesta rápida" tras hacer la declaración.

Por ley, las víctimas en el exterior podrán registrarse hasta junio de 2017, un plazo insuficiente para activistas y organizaciones como ACNUR.

"Para avanzar", Villamizar propone que ACNUR y la Defensoría del Pueblo puedan registrar a las víctimas en el exterior, pero Higuera advierte que para eso habría que modificar la ley, que otorgó ese mandato a la Cancillería.

Desde ACNUR, Gottwald plantea establecer "mecanismos tripartitos" entre Colombia, la ONU y otros países para ofrecer a las víctimas la opción de regresar, pero también de quedarse en el exterior, si así lo prefieren.