En audiencia realizada ayer, en el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos en contra de Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta.

Presuntamente los magistrados habrían incurrido en actos de corrupción en la justicia, con los cuales se beneficiaba a narcotraficantes y paramilitares, que delinquían en el departamento de Meta.

De acuerdo con la investigación favorecerían a una banda criminal que tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Los funcionarios judiciales deberán responder por los delitos de prevaricato por acción y omisión, concierto para delinquir y cohecho propio, según a su accionar. Los magistrados no se allanaron a los cargos.

La audiencia de medida de aseguramiento quedó fijada para este viernes 14 de julio, en horas de la tarde.

En la audiencia de ayer, la fiscal del caso dijo que cuenta con pruebas que demuestran que estos tres magistrados en el primer semestre de 2013 recibieron $150 millones como parte de una promesa por mil millones de pesos para favorecer, a través de un recurso de apelación, a una pareja que fue condena por homicidio y tentativa de homicidio.

“También recibieron el pago de estadía en un balneario con todos sus consumos, incluyendo licores, así como el pago de servicio de compañía de mujeres”, dijo la fiscal del caso.

Según la fiscal existen evidencias que advierten que en el segundo semestre de 2016 esa promesa de pago de sobornos fue elevada a tres mil millones de pesos.

De acuerdo con las pruebas los magistrados investigados favorecieron principalmente a ex miembros de autodefensas que luego de su desmovilización mutaron a otras organizaciones criminales que delinquían en Villavicencio y otras zonas del país.

Estos magistrados son señalados de cometer los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo.