Por la presunta apropiación de más de 300 millones de pesos que estaban destinados a mitigar la ola invernal en el municipio de Santa Lucía (Atlántico), un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción imputó cargos en contra del alcalde de esa población, Teodomiro Ariza Medina.

El mandatario local deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación; conductas que también fueron imputadas al actual secretario de planeación de la Alcaldía, Alexander Cortés Polo; al auxiliar administrativo Alvis de Jesús Cano Rivera y al exalcalde Osvaldo Enrique Santana González.

De acuerdo con la investigación, el Gobierno Nacional destinó $304 000 000 para los damnificados de la segunda ola invernal del año 2011, acaecida el 1 de septiembre y el 10 de diciembre. Los recursos estaban dirigidos a 253 beneficiarios del subsidio, sin embargo fueron cobrados por 204 personas que no residían en el municipio, sino en Barranquilla, Sabanalarga y Malambo (Atlántico), e inclusive en Venezuela; que no resultaron afectados.

La Fiscalía también determinó las presuntas irregularidades que se presentaron, pues en las planillas de entrega de asistencia económica enviadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en las cuales se estableció quienes eran los damnificados directos del municipio, se registró información falsa porque al parecer “se entregó ese dinero de los auxilios, a amigos, familiares y a partidarios políticos de la Administración Municipal y otras personas que no reunían las calidades de ser damnificados de la ola invernal”, señaló el jefe de la Unidad Anticorrupción, Mario Montes.

Estas personas, que no eran damnificadas, recibieron como subsidio cada uno $1 500 000. El funcionario dijo que “como contraprestación, estos particulares debían reintegrar la suma de $500 000 con destino, al parecer a las arcas del partido político del alcalde”.

La Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en centro de reclusión para los procesados, la cual se encuentra pendiente la decisión por parte del Juez Promiscuo Municipal de Santa Lucía, con función de control de garantías, cuya sede está en el municipio de Sabanalarga.

Por estos hechos, el pasado 16 de enero se llevó a cabo la imputación en contra del particular Rainer Vicente Ravelo Brochero, como presunto determinador de los mismos delitos, toda vez que sería el encargado de reclutar a las personas que fungieron como damnificados. El hombre permanece con medida de aseguramiento con detención domiciliaria.

El proceso se desarrolla en el marco de los criterios de priorización y contextualización del Fiscal General de la Nación, por eso en la Unidad Nacional Anticorrupción se conformó un grupo de fiscales y de policía judicial para investigar lo relacionado  con el desvío y apropiación de recursos destinados a mitigar el impacto de la ola invernal.