La fiscalía  imputó cargos por homicidio culposo a cinco personas vinculadas a la investigación por la muerte de 15 trabajadores de una mina de oro en Riosucio (Caldas), en hechos ocurridos el 13 de mayo del año 2015.

Tras las evidencias obtenidas por la Fiscalía, se pudo establecer que tres años antes de la tragedia el administrador de la finca El Saibo, identificado como Denis Arturo Reyes Tapasco y los dos propietarios, padre e hijo, permitieron que José Leonardo Mejía Hurtado, y sus socios, entre ellos Arvey Antonio Calvo Ayala, realizaran labores de extracción de oro y sus derivados en el sector El Playón, en la ribera del Cauca.

La investigación arrojó que el día del accidente, 25 mineros ingresaron a los socavones para cumplir diversas tareas de picado, entre otras actividades. En desarrollo de la faena descendieron 15 metros y llegaron muy cerca al cauce del rio, lo que provocó el desbordamiento del afluente y la anunciación de los socavones, comunicados internamente entre sí.

El agua habría generado un corto circuito en las instalaciones y afectó el funcionamiento de las motobombas, que no operaron.

Así las cosas, la atmosfera minera se acumuló de gases por encima de los límites permitidos y hubo ausencia de oxígeno, que sumado a la inundación de los socavones, causó la muerte de los 15 trabajadores.

Los procesados Denis Arturo Reyes Tapasco, José Leonardo Mejía Hurtado, Arvey Antonio Calvo Ayala, Félix Antonio Vargas Dávila, Jorge Alberto Vargas Trujillo, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

A raíz de esta clase de tragedias en muchas minas y socavones a lo largo y ancho del país es que las autoridades decidieron lanzar un plan de acción para combatir las actividades extractivas ilegales y formalizar a los mineros artesanales. Paralelo a ello las medidas de seguridad industrial son cada día más exigentes para evitar que por derrumbes o acumulación de gases se continúen presentado pérdida de vidas, como ocurrió en Riosucio en 2015.