La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, por la suma de $9.323 millones (en forma solidaria) contra el ex Gobernador de Caldas Mario Aristizabal Muñoz, y cuatro funcionarios de su despacho: el ex gerente de la Empresa Departamental para la Salud (EDSA), Adolfo León Mejía, su Secretaria Privada, María del Pilar Joves Ramírez, su Secretario de Hacienda, Javier Misas Hurtado, y la directora de la Dirección Territorial de Salud, Martha Isabel Valencia.
La imputación de responsabilidad fiscal también cobija a la empresa de chance Susuerte S.A., representada legalmente por Jhon Alexander Quintero, igual que a Juan Carlos Sánchez en su calidad de Superintendente Delegado para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud (E) de la Superintendencia Nacional de Salud, y Pablo Uribe Salazar, miembro de la junta directiva de EDSA como representante de Fasecolda.
Así mismo, la CGR decidió desvincular de este proceso de responsabilidad fiscal a los supervisores del contrato de concesión de chance de 2006, Hernán Marín Torres y María Yesmith González.
Se trata de un proceso de responsabilidad fiscal que abrió la CGR en abril de 2011 por un presunto detrimento patrimonial relacionado con el contrato de concesión para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance, suscrito en 2006 entre la Empresa Departamental de Salud (EDSA) y Susuerte S.A., que permitiría transferir a la salud más de $50 mil millones, sin embargo tales transferencias se redujeron en unos $9.231 millones por la suscripción de un otro sí que se firmó en enero de 2009.
Así mismo, se produjo una disminución en los gastos de administración de EDSA por un valor superior a los $92 millones de pesos.
A fin de garantizar el resarcimiento en un eventual fallo con responsabilidad fiscal, la CGR decretó en 2012 medidas cautelares contra los involucrados en este proceso.
En su momento, a mediados de septiembre de 2011, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, dispuso la suspensión del entonces Gobernador de Caldas, Mario Aristizabal Muñoz, para que dada su vinculación a este proceso como presunto responsable fiscal no se afectaran las respectivas investigaciones.