Negaron los tres miembros de la familia Dávila Abondano su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos y falsedad en documento público, agregando que devolvieron el dinero recibido.
Instaló la jueza de Garantías Nury Cervera la audiencia de imputación de cargos en contra de los hermanos Alberto, Alfonso y Juan Carlos Dávila Abondano, igual que a antiguos empleados del Grupo Empresarial Daabon, Germán Zapata Hurtado, Luis Miguel Vergara, Jesús Antonio Carreño y Guillermo Barrios de Luca, en el marco del escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Están estas personas involucradas en la apropiación presuntamente irregular de subsidios para proyectos de riego y drenaje, otorgados por el programa bandera del Ministerio de Agricultura del gobierno Uribe, Agro Ingreso Seguro.
Dijo el fiscal del caso, César Augusto Bejaine, que los términos de referencia para las convocatorias que buscaban entregar millonarios subsidios de AIS beneficiaron a los grandes empresarios del campo, como los Dávila Abondano, y excluyeron deliberadamente a los pequeños y medianos productores agrícolas.
"Lo cierto es que este programa terminó engrandeciendo el capital de los grandes productores (...) Y se causó un detrimento patrimonial de 288 mil millones", explicó el fiscal Bejaine, refiriéndose a los contratos que aprobados en 2008 y 2009 por el Comité Administrativo, el cual era presidido por el Ministerio de Agricultura.
Indicó en referencia al predio de Las Mercedes, el cual habrían fraccionado los Dávila Abondano para obtener mayores beneficios del programa, que Zapata Hurtado, representante de la firma Ecobio, integrante del grupo Daabon, presentó el proyecto Las Mercedes Parte 1, de 97,9 hectáreas.
"Hubo varias modificaciones (...) El aumento en el tamaño del predio a 103 hectáreas, prórrogas de plazos de ejecución de obras (...) Y es que la Fiscalía llama la atención sobre la recomendación de la firma interventora acerca del cambio en el tamaño del predio. Esa situación no se advirtió", afirmó.
Pedirá la Fiscalía medida de aseguramiento en contra de estas personas una vez concluya la imputación de cargos por su supuesta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.