Pliego de cargos formuló  la Procuraduría al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por la presencia de cabecillas de las Farc escoltados por guerrilleros armados en febrero pasado en el corregimiento de El Conejo, departamento de La Guajira, supuestamente para hacer pedagogía de paz con sus hombres en esa región, pero que en realidad lo que sucedió fue que se reunieron con la población e incluso ingresaron a un colegio, lo que para muchos fue una actividad de proselitismo.

La investigación por lo allí sucedido se extendió por cerca de cinco meses con el fin de establecer si los uniformados dejaron de cumplir sus funciones constitucionales de proteger a la población, pues despejaron esa zona y permitieron que los guerrilleros se movilizaran armados.

Tras conocerse estos hechos en febrero pasado por denuncias ciudadanas que fueron replicadas por el Partido Centro Democrático, que ha hecho serios cuestionamientos al proceso de paz que adelanta la administración del presidente Santos con las Farc, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció que abriría una investigación al ministro Villegas.

De igual forma, el Ministerio Público anunció en esa ocasión la apertura de una investigación disciplinaria contra el general Jorge Enrique Navarrete Jadet, comandante de la Primera División del Ejército; el general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército; el coronel Iván Orlando González Villamil, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.2 del Ejército; y el coronel William Alfonso Chávez Vargas, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 10 del Ejército.

En esa ocasión el Ministerio Público explicó que la investigación que abría buscaba establecer si las Fuerzas Militares y de Policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de las Farc en el corregimiento y determinar si las Fuerzas Militares y de Policía dejaron desprotegida a la población civil.

“Esta investigación deberá determinar, entre otras cosas, si con dicha desprotección se permitió el uso por parte del grupo guerrillero de un establecimiento educativo, con estudiantes de El Conejo, configurándose una presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a la Constitución Política, que impone a las autoridades proteger  a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes”, indicó la Procuraduría en un comunicado.

Al conocer la noticia, aún sin haber sido notificado oficialmente por el Ministerio Público, el ministro Villegas indicó:

"Tengo para decir dos cosas: Soy servidor público y estoy en materia disciplinaria bajo la órbita de la Procuraduría. Por esa razón acataré sus decisiones. Y, segundo, daré todas las explicaciones del caso.  Mi actuación y los comandantes de la fuerza pública no tuvo otra orientación que el cumplimiento de la ley y la Constitución"