En una primera decisión, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de la gobernadora de Amazonas, Gloria Orobio Rodríguez, por posible omisión en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la denuncia presentada por la Contraloría Departamental,  la entonces gobernadora no habría ejecutado 100 millones de pesos en los años 2006 y 2007 que corresponde a un convenio interadministrativo suscrito con el Hospital San Rafael (Leticia, Amazonas), pese a que este valor se relacionó en un decreto expedido en el 2007 como reserva presupuestal, la cual tenía como vigencia para su ejecución ese mismo año.

Advierte el órgano de control que la entonces mandataria habría suscrito el convenio con el mencionado hospital “con recursos provenientes del 4.01% del régimen subsidiado para la promoción y prevención en salud, pero no ejecutó la suma correspondiente a este convenio, la cual se había relacionado en la reserva presupuestal del año 2006, desatendiendo de esta manera la función de ordenador del gasto (…)”.

La segunda decisión del Ministerio Público afecta a los señores Senen Ulpiano Murillo Hinajosa, gobernador encargado de Vichada, y a Franklin Roland Fiquitiva Sánchez, en su condición de profesional universitario de la Oficina Jurídica de la Gobernación por posibles irregularidades en contratación.

La investigación  por parte del ente de control están relacionadas con un contrato de compraventa, que habría suscrito el gobernador en noviembre de 2009 y que habría permitido que se ejecutara con un particular que estaba inhabilitado para contratar, por cuanto registraba en sus antecedentes una inhabilidad para contratar desde el 12 de mayo de 2009 hasta el 11 de mayo de 2014.

Señala el Ministerio Público que el entonces primer mandatario de los habitantes del Vichada habilitó la propuesta en el informe de evaluación “a pesar de haberse presentado con la oferta el certificado de antecedentes disciplinarios, con la anotación de la inhabilidad”.

 Con respecto al señor Fiquitiva Sánchez el órgano de control señaló que en su calidad de profesional universitario habría permitido que se suscribiera la orden de compraventa con el particular que estaba inhabilitado para contratar, a pesar de haber revisado los documentos presentados en la oferta en los cuales se advertía esta situación.