La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor José Rubiel Páez, en su calidad de alcalde del municipio de Caldas (Boyacá) para la época de los hechos, por irregularidades relacionadas con un contrato de obra y otro de interventoría para el ajuste al diseño y construcción del plan maestro de alcantarillado.

En primer término, el señor Páez sería responsable de no ejecutar el proyecto de inversión en agua potable y saneamiento básico celebrado con Alianza Fiduciaria S.A., para cuyo pago fueron pignorados los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones a 19 años.

En ese sentido, se tiene que tanto el contrato de obra como el de consultoría, suscritos en el marco del contrato de crédito ya señalado, no habrían sido ejecutados totalmente porque al parecer el municipio no contó previamente con los predios en los que se debía construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

En consecuencia, “los trabajos que realizaron los contratistas, en obra e inteventoría, no se han visto materializados en acueducto alguno, porque no existen predios para su construcción, tanto así que el actual alcalde municipal le informó a la Procuraduría que las obras son de imposible realización”, señaló la Procuraduría para la Moralidad Pública.

La actuación del entonces mandatario habría generado detrimento al patrimonio público, pues habría permitido que el anticipo del 50% de cada negocio jurídico se invirtiera en actividades que no se materializarían en una obra funcional.

A juicio de la Procuraduría, la indebida planeación contractual se evidencia en la falta de funcionalidad de las obras de construcción del acueducto y alcantarillado del perímetro urbano del municipio de Caldas (Boyacá), porque no contó con los predios necesarios para su realización.

La falta fue calificada provisionalmente como gravísima, atribuida a título de dolo.