El ente regulador solicitará ante los jueces competentes audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra las funcionarias de la Contraloría General de la República Edith Rocio Gonzalez Martínez (Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno) y Mónica Esperanza Cano Bedoya (Jefe de la Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático), por los delitos de prevaricato por acción; abuso de función pública; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsedad en documento público.

Lo anterior considerando que, de una parte, dichas servidoras habrían utilizado un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en el año 2011 para indagar de manera arbitraria respecto de diversas personas naturales y jurídicas no sujetas de la acción de la Contraloría General de la República, lo que constituiría un ejercicio caprichoso de las atribuciones investigativas conferidas al máximo ente de control fiscal del país. De otra, en desarrollo de las actividades de policía judicial, propias de la fase de indagación, se habría advertido que las funcionarias Gonzalez Martínez y Cano Bedoya presuntamente habrían ocultado y/o falsificado elementos materiales probatorios de interés para la investigación de la Fiscalía General de la Nación