El delito de constreñimiento a la prostitución imputó la Fiscalía ante en un juez de garantías, al general (r) de la Policía, Jerson Jair Castellanos Soto, por supuestos abusos sexuales a cadetes de esa institución.

En la diligencia judicial adelantada a puerta cerrada en el Juzgado 73 de garantías, el ente acusador mostró elementos materiales de prueba que infieren que el exoficial estaría comprometido con el ofrecimiento de los cadetes a uniformados para la prestación de servicios sexuales, a cambio de dinero.

“Era quien incentivaba a los cadetes a tener encuentros con funcionarios a cambio de un pago   económico aun por establecer”, sostuvo el fiscal al juzgado.

Se investiga además, si Castellanos Soto, cuando fue jefe de seguridad del Congreso de la República sirvió de intermediario para encuentros sexuales entre alférez y servidores de esa corporación.

En la diligencia judicial, Castellanos Soto se declaró inocente y al término de la misma se negó a realizar declaraciones sobre la llamada Comunidad del Anillo, puesto que, afirmó, no tiene mayor conocimiento sobre la misma.

Según dijo, es evidente que personas inescrupulosas han querido vincularlo con estos hechos para recibir beneficios económicos.

“No puedo entregar información de la ‘Comunidad del Anillo’ porque no la conozco, ni pertenezco a ella. Yo soy inocente”, precisó el oficial en retiro.

Entre tanto, el abogado Wilson Cadena manifestó que en la audiencia la Fiscalía no hizo mención alguna al capitán (r) Ányelo Palacios, considerado por los medios como el principal testigo sobre esta red de prostitución homosexual interna en la Policía Nacional.

La investigación se inició luego de una serie de denuncias realizadas por La FM. Más de 10 declaraciones de cadetes y otras personas que pertenecieron a la Escuela General Santander, señalan oficial en retiro.

En su momento se relacionó al entonces director de la Policía, general Rodolfo Palomino con el escándalo, pero éste siempre aseguró no tener nada que ver, mientras que en su momento el fiscal encargado, Jorge Perdomo, dijo que no eran hechos sistemáticos.