La Procuraduría formuló pliego de cargos contra nueve servidores públicos del Ejército, por su posible responsabilidad en el homicidio de una persona que posteriormente fue reportada por como dada de baja en combate.

Los afectados con la decisión disciplinaria son el teniente Arturo Salazar Astaiza, el cabo Segundo Wilson Elipidio Supelano López y los soldados profesionales Hernán Darío Jiménez Marzal, Ricardo Rafael Lara Molina, Manuel Ramón Oñate Rodríguez, Marlon de Jesús Blanco Mercado, Alberto Castellanos Garizabalo, Ricardo Palacio y Ernesto Rodríguez Vizcaino.

Los relatos iniciales de los uniformados señalaron que la muerte de una persona se produjo como resultado de un enfrentamiento armado el 21 de diciembre de 2007 en el sector conocido como Bachicha Alto, vereda Tigrera, corregimiento de Minca del municipio de Santa Marta (Magdalena). Sin embargo, las pruebas recaudadas en este proceso permiten inferir que la muerte no habría correspondido a un hecho enmarcado en el adecuado uso de la fuerza o en el cumplimiento de sus deberes y funciones.

A los uniformados se les atribuye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario consistente en el homicidio de un civil que al parecer se encontraba en estado de indefensión y no participaba directamente en las hostilidades propias del conflicto armado.

La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo por cuanto al parecer los uniformados involucrados estaban en pleno uso de sus facultades físicas y mentales y tenían pleno conocimiento de sus actos así como del resultado de éstos.