Por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra cinco empresas cementeras del país y 14 directivos.

Las empresas investigadas son Cementos Argos, Cemex Colombia, Holcim Colombia, Cementos Tequendama y Cementos San Marco, de acuerdo con el reporte de la entidad.

Entre las personas naturales implicada en el caso se encuentran: José Alberto Vélez Cadavid, ex presidente y ex representante legal de Cementos Argos s.a; Jorge Mario Velásquez Jaramillo, presidente y representante legal de Cementos Argos s.a; Ingrid Restrepo Libreros, gerente de negocio masivo Cementos Argos s.a; Adriana María Rodríguez, directora de información comercial de Cementos Argos s.a; Cesar Constain Van Reck, ex presidente y ex representante legal de Cemex Colombia s.a y Carlos Jacks Chavarría, presidente y representante legal de Cemex Colombia s.a, entre otros.
La decisión fue adoptada por la Superintendencia delegada para la protección de la competencia por la presunta infracción a las normas de libre competencia, materializada a través de un presunto acuerdo de fijación de precios y reparto de mercados entre productores de cementos gris en Colombia.
De acuerdo con la SIC, las normas de competencia protegen el bienestar de los consumidores, la eficiencia económica y la libre participación de las empresas en el mercado, todo con el fin de que los ciudadanos reciban una mayor y mejor oferta de bienes y servicios a menores precios.

Asimismo, la Superindustria recordó que en atención al programa previsto en el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2896 de 2010, todas las personas jurídicas y naturales vinculadas a la presente investigación podrán acogerse al programa de beneficios por colaboración (delación) en caso de haber participado en las conductas contrarias a la libre competencia que se investigan dentro del presente trámite radicado con el No. 11-116942, siempre y cuando informen la existencia de la conducta investigada o colaboren con la entrega de información y pruebas.

Señala la entidad supervisora que en el caso de que el proceso administrativo termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas  hasta por cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (100.000 SMLMV), es decir hasta 58.950 millones de pesos.

Indica que a las personas naturales que colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas violatorias de las normas de la libre competencia, tendrán que pagar hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV), es decir 1.179 millones de pesos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1340 de 2009 (Nueva Ley de Competencia).