El procurador general, Alejandro Ordóñez, formuló pliego de cargos en contra de Odín Horacio Sánchez y Edgar Eulises Torres, en su condición de miembros de la Cámara de Representantes para la época de los hechos por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley.

De acuerdo con la investigación, los excongresistas elegidos por la circunscripción del departamento del Chocó al parecer mantuvieron contactos secretos con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron resultado del pacto denominado “Acuerdo de Singapur”.

El Ministerio Público consideró que los investigados obtuvieron favorecimiento electoral por parte del grupo al margen de la ley en las campañas al Congreso de la República de los años 2002 y 2006, así como en los resultados para la elección de gobernador de Chocó y varios alcaldes de este departamento.

Las pruebas recaudadas refieren que los excongresistas se beneficiaron del apoyo electoral y económico que pudo otorgarles para ese entonces el grupo paramilitar en cabeza de Fredy Rendón Herrera, cuyo epicentro era la parte norte del departamento de Chocó.

El procurador consideró que con esta conducta los señores excongresistas pudieron desconocer abiertamente los principios y bases en que se sustenta el Estado Social de Derecho, atentar contra el buen funcionamiento del Estado y desechar la prevalencia del bien común.