El aumento de penas para conductores ebrios no reduce los índices de accidentalidad.
Así lo consideraron algunos juristas a propósito de la radicación que hará hoy la bancada del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) del proyecto de ley que propone endurecer las penas para los conductores que en estado de embriaguez causen la muerte o lesión a otras personas y que será acompañada por un plantón que se realizará desde las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar.
A este acto simbólico se unirán familiares de víctimas que han resultado heridas o que han fallecido por la irresponsabilidad de los conductores borrachos.
La representante bogotana Gloria Stella Díaz, del MIRA, insistió en que solo la cárcel frenará a los conductores ebrios, ya que las diferentes estrategias pedagógicas y educativas no han dado ningún resultado, lo cual se evidencia en los recurrentes casos que se siguen presentando en las vías del país.
La legisladora le indicó a EL NUEVO SIGLO que “estaremos radicando en el Congreso nuevamente esta iniciativa con el acompañamiento de los congresistas que la vez pasada la apoyaron y la votaron favorablemente, y con la sociedad civil, que sigue siendo la víctima”.
El senador Carlos Alberto Baena, presidente de MIRA, explicó que, contrario a lo expresado por los penalistas, el aumento de penas sí reduce significativamente el índice de accidentalidad, porque ahora el tema no sólo estará en la parte administrativa, sino en lo penal.
“Con el proyecto no basta que la persona pague la multa, sino que tenga la cárcel, eliminándose a la vez la casa por cárcel”, anotó.
Baena manifestó que con la iniciativa se espera causar un efecto de disuasión a nivel social, elemento que según él ayudaría bastante a bajar el índice de accidentalidad.
Frente a lo que piensan los contradictores del proyecto en el sentido de que puede convertirse en populismo punitivo, dijo que lo que se debe es crear una estrategia completa para afrontar una realidad que vive el país.
El senador Baena recordó que las muertes en accidentes de tránsito superan el número de muertes por el conflicto que vive el país.
El senador Luis Carlos Avellaneda, disidente del Polo Democrático, consideró que el problema que existe en que no hay cárceles suficientes para llevar a los conductores ebrios.
“Si me responden esa pregunta, yo podría decir ‘hasta de pronto nos animamos a hacerlo’, pero aquí las cárceles están sobresaturadas”, expresó.
Avellaneda manifestó que no existen programas de resocialización y las cárceles se están convirtiendo en centro delincuenciales, en universidades para las delincuencia.
“Llevar a un simple borrachito a una cárcel, es irlo a graduar de delincuente y lo que estamos haciendo es aumentar el problema”, dijo Avellaneda, agregando que no se puede trabajar bajo un populismo legislativo que le hace daño al Congreso.
El abogado penalista Juan David Riveros le manifestó a este Diario que uno de los argumentos de la política criminal es el manejo de los delitos punibles, pero consideró de la misma manera que estos no se acaban porque tengan penas muy altas, sino por dos razones. Una de ellas es que exista un sistema de procesamiento criminal eficaz, es decir que alguien que cometa un delito aún con pena baja sepa que lo van a condenar. La otra está relacionada con que la mejor manera de reducir algunas de las modalidades delictivas, dentro de las cuales se encuentra el homicidio culposo en accidente de tránsito, es la formación.
“Si usted hoy en día conversa con un niño de colegio, son consientes de lo que no son consientes los adultos, que son los peligros de manejar con trago. Lo que falta es un proceso de educación que haga tomar conciencia en ese tipo de cosas”, manifestó.
El jurista agregó que más que penas altas, lo que se necesita son herramientas educativas. Puntualizó que los senadores y representantes tienen que siempre dar una respuesta y la primera que se les ocurre es un proyecto de reglamentación.
A su turno Julio Andrés Sampedro, director de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Javeriana, manifestó que se debe pensar más en el tema educativo que en el hecho de aumentar penas.
“Creo que sería mucho más eficaz y mucho más acorde con un estado social y democrático que hubiera campañas de prevención, que aumento de penas”, dijo.
Sampedro manifestó que eso se puede convertir en un populismo punitivo porque lo que ocurrirá siempre es que va estar sujeto a un proceso penal y a las circunstancias de los procesos.
Por el contrario, el jurista Hugo Tovar se mostró de acuerdo que los delitos que sean cometidos bajo en estado de embriaguez sean calificados como graves.
“También creo que a los conductores que manejen en estado de alicoramiento se les debe sancionar ejemplarmente”, indicó el abogado.