Un teniente coronel del Ejército de Colombia fue condenado a 58 años de prisión por cinco ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas hace una década en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este miércoles la Fiscalía.

Un juzgado de Medellín, segunda ciudad del país, encontró "responsable" al militar Beismarck Salamanca, "en calidad de autor del delito de concierto para delinquir agravado" y de "homicidio en persona protegida", según un comunicado del ente acusador.

Los hechos que justificaron la sentencia ocurrieron entre 2004 y 2005, relacionados con "tres operaciones militares realizadas por la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, conocida como AFEUR, (...) que dejaron cinco víctimas que fueron presentadas como muertos en combate", con el fin de obtener ascensos y beneficios dentro del cuerpo, agregó el texto.

En ese momento Salamanca, actualmente recluido en una prisión militar, se desempeñaba como capitán del Ejército y comandante de la AFEUR en Medellín.

En distintas ocasiones, "las víctimas fueron llevadas bajo engaños hasta sitios inhóspitos y apartados de los cascos urbanos, en los cuales los militares procedieron a ejecutarlas", según el documento.

El uniformado está vinculado además a otras pesquisas por muertes de este tipo, conocidas en Colombia como "falsos positivos".

"Salamanca aún esta siendo investigado por otros hechos relacionados con falsos positivos, en los cuales presuntamente se consumaron ocho homicidios reportados también por la AFEUR", dijo en rueda de prensa Catherina Heyck, encargada del tema en la Fiscalía.

De acuerdo con cifras reveladas en abril por el fiscal general, Eduardo Montealegre, otros 22 generales colombianos están siendo investigados por la entidad por delitos similares.

Justamente esta semana, el general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército, rindió interrogatorio ante el ente acusador por su presunta responsabilidad en "falsos positivos" cometidos en 2002, en el marco de la "Operación Orión".

En la época, las fuerzas militares tomaron violentamente y con intervención aérea, la Comuna 13 de Medellín, una deprimida barriada donde concurrieron otros actores del conflicto colombiano: milicias relacionadas con guerrillas, paramilitares de derecha y bandas de narcotraficantes.

Según cifras oficiales, se han proferido más de 817 sentencias condenatorias contra miembros de la Fuerza Pública por estos crímenes y cerca de 2.000 personas están vinculadas a las investigaciones.

Por otro lado, Human Rights Watch (HRW), una ONG con sede en Washington, ha reiterado en varias ocasiones que más de 4.000 civiles han fallecido de esta forma a manos de militares en Colombia.