La Procuraduría General de la Nación, a través de su Regional en La Guajira, interpuso una acción de tutela mediante la cual solicita como medida provisional no  permitir el ingreso de más internos al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Riohacha (La Guajira) hasta que existan condiciones dignas para las personas que se encuentran en este establecimiento. 

El órgano de control intervino en representación de varios de los internos de este centro penitenciario y carcelario, que por su condición de vulnerabilidad no pueden valerse por ellos mismos.

La Procuraduría manifestó que, teniendo en cuenta que la situación que están viviendo estas personas privadas de la libertad va en contravía de una vida digna en prisión para los reclusos, se interpuso la acción de tutela con el propósito de tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, resocialización, salud e integridad física en conexidad con la vida. 

A través de este mecanismo también se pretende que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Riohacha inicien los trámites para el traslado de la sobrepoblación de reclusos, procurando que las condiciones de reclusión de los traslados se realicen en condiciones dignas. 

Así mismo la Procuraduría pretende con esta acción de tutela que se conmine a las instituciones mencionadas anteriormente para que realicen las gestiones necesarias para evitar el hacinamiento en este centro de reclusión, se repare, adecue y mejore sus instalaciones, se incrementen de acuerdo a las necesidades actuales el personal de guardia, los medios de seguridad, logísticos y los elementos necesarios para el cumplimiento en condiciones dignas y adecuadas del personal de guardia. 

Por último, la Procuraduría busca que se ordene al Ministerio de Justicia y del Derecho la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario y carcelario para el departamento de La Guajira que a futuro evite la vulneración de los derechos y garantías fundamentales de la población carcelaria.