Con la captura del representante caqueteño Álvaro Pacheco, del Partido Liberal, por parapolítica el actual Congreso completaría seis sillas vacías.

Pacheco deberá responder en indagatoria ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por sus posibles vínculos políticos y electorales con grupos armados ilegales.

El congresista es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado y prevaricato por acción. En primer caso, la Corte busca determinar si Pacheco recibió apoyo de los paramilitares en su campaña a la Gobernación del Caquetá. Sobre el otro cargo, tiene que ver con irregularidades detectadas en el manejo de la autorización que le otorgó el Concejo de Florencia para adelantar la prestación del servicio público domiciliario de aseo y demás actividades relacionadas, cuando se desempeñó como alcalde de la capital del Caquetá.

Sillas vacías

Como lo determinó el acto legislativo 01 de 2009 (la reforma política), los partidos políticos cuyos congresistas sean condenados “por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad” tendrán que responder por haberlos avalado.

Así, la colectividad más golpeada por las sillas vacías es el Partido Social de Unidad Nacional (La U) con tres curules en las que no puede reemplazarse el congresista capturado. Le sigue el Partido Liberal con dos. Paradójicamente, la organización menos sancionada, Cambio Radical con un escaño, es la única que tiene una silla vacía efectiva por condena ejecutoriada al exsenador bolivarense Javier Cáceres; las demás esperan decisión de la Corte para hacerse efectivas, pero mientras tanto esos asientos seguirán sin reemplazo.

Además de la de Pacheco, la otra curul liberal en peligro de perderse es la que ocupaba el representante chocoano Carlos Alberto Escobar.

Las de La U son las correspondientes a los senadores Dilian Francisca Toro, Piedad Zuccardi y Fuad Rapag.

Otros cinco

El representante Escobar fue capturado el 12 de julio tras ser vinculado con el Bloque Elmer Cárdenas, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandado por Freddy Rendón, alias el Alemán.

La senadora Zuccardi, que se presentó ante la Corte luego que le profiriera orden de captura el 13 de febrero, es investigada por sus posibles nexos con el Bloque Héroes de María, principalmente con el jefe paramilitar Manuel Antonio Castellanos, alias el Chino, con quien habría pactado un apoyo para su campaña electoral.

La senadora Toro afronta una investigación por su posible participación en el delito de lavado de activos, tipo penal por el que se le dictó medida de aseguramiento el 24 de julio.

La acusación se derivó de las pruebas recaudadas mientras se la investigaba por nexos con grupos paramilitares con los que se habrían registrado una serie de movimientos financieros.

El senador Rapag fue detenido por orden de la Corte el 30 de agosto de 2011, tras ser señalado de tener vínculos con el Bloque Calima.

El alto tribunal lo llamó a juicio en abril del año pasado.

En cuanto a Cáceres, fue condenado el 10 de abril de 2012 a 9 años por concierto para delinquir agravado.